El fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones Germán Moldes presentó ante la Sala II hace instantes, el pedido de desafuero y detención del ex funcionario y actual diputado nacional Julio De Vido que Clarín había anticipado el viernes.

Moldes plantea que "no hace falta saber leer debajo del agua para entender que el único de los imputados que hoy puede considerarse en posesión de vinculaciones con el poder público y sus influencias, es Julio De Vido, hoy parapetado tras la protección que le brindan sus fueros parlamentarios".

La presentación del fiscal se realizó en el marco del expediente en el que se investigan irregularidades en el manejo de fondos destinados a modernizar la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz.​ El perjuicio al Estado en el expediente, se calculó en 265 millones de pesos.

En un escrito de seis páginas, el fiscal Germán Moldes presentó esta tarde el pedido de desafuero y detención de Julio De Vido, en el expediente principal de la causa que cuenta con un pedido de prisión preventiva sobre 22 imputados por parte del fiscal Carlos Stornelli. Al mismo el juez Luis Rodríguez no hizo lugar y como contó Clarín, la semana pasada apeló dicha negativa que será analizada por la Sala II de la Cámara Federal el 3 de octubre.

Stornelli planteó en su momento que no debe desconocerse que “las relaciones de poder de los imputados son un riesgo concreto que atenta contra el avance de la investigación”, y advirtió sobre “las posibilidades del armado de entramados de complicidades que fomente el ocultamiento de evidencias”.

Ese argumento fue reforzado por el fiscal Moldes quien en su escrito expuso que debe "ponderarse que existían ciertas posibilidades de entorpecimiento cuando alguno de los imputados estuviere en posición de abusar de aquellas relaciones o beneficios".

Moldes indicó que existen seis pedidos de exención de prisión en la causa -no figura De Vido entre ellos- y también que esa medida se concedió "con algunas garantías y resguardos" como "el retiro del pasaporte, el llamado a indagatoria, la presentación ante el juzgado cada mes, y una caución real". Pero que se diferenció "el papel de los que no sólo acumulan mayores cuotas de responsabilidad que aquellos que hicieron la comparsa", señala el escrito.

Por ello diferenció de los demás imputados a Julio De Vido y consignó que existe la necesidad de evitar que "nos quedemos con el mediomundo lleno de mojarritas y el tiburón nadando en aguas abiertas".

Consideró que "no hace falta saber leer debajo del agua para entender que el único de los imputados que hoy puede considerarse en posesión de vinculaciones con el poder público y sus influencias, es Julio De Vido, hoy parapetado tras la protección que le brindan sus fueros parlamentarios".

Al momento de sostener su pedido Moldes indicó que es necesario "adecuar y agilizar los procedimientos que la Constitución Nacional prevé para lograr un efectivo sometimiento a proceso", y en su caso, "la eventual restricción efectiva de la libertad del único imputado actualmente en ejercicio del poder político (por su condición de diputado Nacional)".

Asimismo, planteó que De Vido cuenta con "acceso a la capacidad a la incidencia y negociación que tan alta función le habilita".

Y remarcó que si al os otros imputados no se les reconoce capacidad de entorpecimiento (por eso se les concedió la eximición de prisión), "el señalamiento que se hizo y que ahora menciono está referido al actual legislador y ex ministro -sindicado en otras investigaciones- como un tramoyista de las inversiones en obra pública".

Hace tres semanas, el juez Rodríguez citó a indagatoria al ex ministro De Vido y a otras 36 personas a las que les prohibió la salida del país y dispuso la intervención de la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC), involucrada en el presunto desvío de fondos, que depende de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

En el expediente se investiga la presunta malversación de 26.000 millones de pesos que el desaparecido Ministerio de Planificación destinó a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), mientras que se calculó un perjuicio al Estado de 265 millones de pesos.