La Justicia avanza, lenta pero inexorable, sobre Cristina Fernández.

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández, del ex ministro de Planificación Julio De Vido, del ex secretario de Obras Pūblicas José López, de Carlos Kirchner, y Lázaro Báez, entre otras personas, por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral. Así, la ex presidenta se encamina a otro juicio oral y público por una causa de corrupción.

Los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia confirmaron todos los procesamientos dictados por el juez Julián Ercolini, y revocaron la falta de mérito que beneficiaba a Abel Fatala en la misma causa.

La ex presidenta fue consultada por Luis Novaresio en la entrevista con Infobae sobre el fallo de la Cámara y respondió que es "un disparate". "Hay un manejo descarado del poder judicial para perseguir a quien habla. Creo que hay una visión de según quien sea el procesado o el acusado, se toma una decisión a favor y en contra. Están utilizando la Justicia, que está muy desprestigiada", indicó.

Y agregó: "Que un gobierno elegido democráticamente en tres oportunidades por amplias mayorías sea considerado una asociación ilícita, revela que hay un manejo del poder judicial para invalidar un proceso político".

En su voto, el juez Bruglia consideró que los ex funcionarios nacionales formaron"parte de una asociación, la que habría funcionado entre mayo del año 2003 y diciembre de 2015", destinada a "cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".

La Sala I también confirmó los embargos trabados sobre los principales imputados, por 10.000 millones de pesos para cada uno.

Ayer, el juez Ercolini había procesado en el mismo expediente a Martín Báez y a ex funcionarios de Vialidad Nacional que se suman al ex titular de ese organismo, Nelson Periotti. Para el magistrado, "sabían el lugar que ocupaban y que con su accionar, en inobservancia de los deberes propios, perjudicarían al Estado nacional. Ello, con el fin de procurarle para sí o para un tercero, en este caso, para las empresas de Lázaro Antonio Báez, un lucro indebido".

En esa causa se investiga un complejo entramado delictivo que tuvo lugar entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, "que se habría constituido desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo y concretado a través de diversos actos".

Entre ellos, el juez enumeró la "designación de funcionarios afines, canalización de fondos públicos hacia la provincia de Santa Cruz, realización de obras por convenio con delegación de facultades propias de Vialidad Nacional a Santa Cruz y procesos licitatorios irregulares en pos de favorecer a Lázaro Antonio Báez".

Pese al avance de la causa, el fallo de la Cámara le pide a Ercolini que acelere la investigación y mande el expediente a juicio oral. "Encomendar al Sr. Juez de Grado que, en atención al tiempo que lleva tramitando la presente causa, le imprima debida premura a las etapas procesales pendientes y, en caso de corresponder, la eleve a juicio", cierra la resolución.