En la Argentina siempre hay algún motivo para protestar.

Ahora, los cinco gremios aeronáuticos decidieron perjudicar a miles de pasajeros obligando a cancelar 40 vuelos en Aeroparque. El motivo: marchar para intentar sabotear la audiencia pública convocada para tratar el ingreso de nuevas aerolíneas de bajo costo que permitan mejorar la conectividad en la Argentina.

Las movilizaciones convocadas por cinco sindicatos aeronáuticos afines al kirchnerismo y aliados con el moyanismo y otros gremios del transporte para impedir que los ferrocarriles complementen el traslado de granos en camiones y que los vuelos hagan lo mismo con los micros, en una estrategia de desgaste de largo aliento.

Pasado el mediodía ya eran al menos 40 los vuelos cancelados en Aeroparque, según Aeropuertos Argentina 2000. Si se consideran aquellas partidas demoradas y las que requerían consulta a la aerolínea, los vuelos afectados eran 46.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el marco del conflicto que convocaron a asambleas pero no hubo acatamiento.
Los sindicatos aeronáuticos APTA, APA, UPSA, APLA y UALA, convocaron a una concentración en Ezeiza y Aeroparque a las 8.30 para luego movilizarse hacia el Teatro de la Ribera en La Boca, para sabotear la audiencia pública en la que se analizarán ofertas presentadas por siete empresas para cubrir un total de 503 rutas áreas internacionales y de cabotaje.

Los gremios dicen que los cambios en la política aerocomercial del país "asfixia financieramente a las empresas que ya están operando en el país, mientras les cercena desmesuradamente sus ingresos abriendo nuestro mercado aerocomercial en forma indiscriminada a numerosos nuevos explotadores a los que les otorga cientos de nuevas rutas, la mayoría superpuestas con las operadas por Empresas Nacionales". Además de las consecuencias económicas de la apertura del mercado aerocomercial, los gremios advierten que una expansión de la actividad aérea "no podrá ser soportada por nuestro colapsado sistema de seguridad operacional de tráfico y control aéreo".

Además, los sindicatos denuncian que las nuevas empresas (low cost) "flexibilizan las normativas de seguridad aérea en sus empresas, se niegan a subscribir CCT, insisten en pagar salarios mínimos y en precarizar a sus trabajadores".