El fiscal Guillermo Marijuan pidió volver a indagar a las trece personas imputadas por lavado de dinero en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, incluidos Lázaro y Martín Báez, Leonardo Fariña y Federico Elaskar, entre otros.

La solicitud elevada al juez Sebastián Casanello se realizó luego de que la Sala II de la Cámara Federal impidió que la primera parte de la investigación por la que el empresario K está preso, sea elevada a juicio oral.

La recomendación fue que la hipótesis del lavado de activos -cuyo origen sería el fraude fiscal por el uso de facturas apócrifas-, se vincule con la "corrupción en la obra pública".

Las nuevas indagatorias, en caso de que el magistrado dé lugar, deberán enfocarse en este último punto. A días de que Lázaro Báez cumpla un año en prisión podría volver a ser indagado en la Ruta del Dinero K, junto a otros doce procesados, entre ellos su hijo Martín.

En un escrito de 52 páginas, al que accedió Clarín, el fiscal Marijuan pidió las indagatorias de los trece imputados en la Ruta del Dinero K para "readecuar la imputación" inicial "a los fines de hacerle conocer el verdadero origen de los fondos".

​Este nuevo pedido se generó por recomendación de la Sala II de la Cámara que pidió que el juez Casanello tenga en cuenta la organización que permitió “los fondos a disposición del grupo con la irregular concesión de la obra pública a las empresas” del Grupo Austral y también la relación personal y comercial que tenía “con quienes ejercían los más altos cargos ejecutivos en el poder de turno”: el matrimonio Kirchner.“

La operatoria del fraude fiscal superó los $ 50 millones, esto según ya había consignado el Juez, permitió a Báez generar “una ganancia ilícita no declarada que luego sería objeto de las maniobras” que son parte de la causa.

Al menos 33 millones de dólares fueron reingresados al país desde cuentas de un Banco Suizo a través de bonos de la deuda argentina. Los camaristas consideraron que esta hipótesis, planteada como hecho precedente, debe ampliarse y establecerse una conexión con la premisa de la causa que lleva el juez Julián Ercolini donde se investigó una asociación ilícita que permitió “la desmedida e irregular asignación de obra pública a las empresas del grupo Baez”, señaló la Cámara.

Fueron 52 licitaciones por más de $ 21.600 millones. El 30 de diciembre Casanello planteó a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que pedía esperar para la elevación a juicio oral, que sin la obra pública “no habría habido ingresos y sin ingresos, no habría habido razón para utilizar la facturación falsa” para ocultar los “dineros negros”.


El fiscal Marijuan vuelve a citar este argumento y pide en función del mismo que "se readecúe la imputación" de todos los procesados que iban a ir a juicio oral, "para hacerles conocer el verdadero origen de los fondos, y la vinculación directa de los imputados con Lázaro Báez​", consigna el escrito.

En esa dirección, el Fiscal pidió que sean reindagados. Esto podría traer sus dificultades: las defensas podrían realizar pedidos de nulidad sobre el primer procesamiento que fue por lavado de dinero. Sin embargo, no queda anulado, sino que se ampliaría teniendo como foco, la relación con la obra pública. “La Cámara asume que con este pedido se atrasará más la elevación a juicio oral, para evitar en esa instancia pedidos de nulidad”, señalaron fuentes judiciales a Clarín. Tanto la fiscalía como el juzgado sostiene que las sospechas sobre la obra pública “forma parte del contexto de ilicitud” y según planteó el Magistrado “la maniobra tenía por finalidad encubrir actos de corrupción y que el daño al fisco era más una consecuencia”.

La Cámara quiere que se profundice esta conexión, considerando que hay un “desbalanceo” en los avances de la causa de la Ruta del dinero K y que la causa de Ercolini tuvo un avance que debe tenerse en cuenta: allí Cristina Kirchner y Báez están procesados por asociación ilícita, junto a otros ex funcionarios.

Además, los camaristas indicaron que debe tenerse en cuenta la relación personal y comercial del empresario K, “con quienes ejercían los más altos cargos ejecutivos en el poder de turno”, es decir el matrimonio Kirchner.

Lázaro y Martín Báez podrían, así, volver a declarar. En el caso del hijo del empresario K, el contador Daniel Pérez Gadín (también preso hace casi un año), Sebastián Pérez Gadín, Fabián Rossi, César Fernández y Walter Zanzot, están procesados por el lavado de divisas a raíz de las imágenes de la financiera SGI donde se los ve -menos a Lázaro-, contando una suma algo superior a los cinco millones de dólares.

“Esto fue para disimular y ocultar el origen y titularidad de esos fondos no declarados”, señala el procesamiento. Pero a su vez, Báez, su hijo, Jorge Chueco, Julio Mendoza (presidente de Austral) y Claudio Bustos (apoderado de Austral y contador), están procesados por el depósito en las cuentas bancarias de la firma los 33 millones de dólares, reingresados al país desde cuentas de un Banco Suizo a través de bonos de la deuda argentina.

La lista del pedido de reindagatorias, incluye al “valijero” Leonardo Fariña, y al financista Federico Elaskar y Carlos Molinari, que cuentan con procesamientos firmes, sospechados de utilizar dinero de origen ilícito para adquirir algunos inmuebles y automóviles valiosos, o “en el pago de los gastos de una suntuosa fiesta de casamiento”, como es el caso del ex marido de Karina Jelinek. Además, el fiscal Marijuan solicitó una serie de medidas: que la Unidad de Investigación Financiera que "establezca los canales pertinentes para obtener información de las unidades fiscales extranjeras", que el Poder Ejecutivo solicite colaboración con las autoridades extranjeras para "obtener documentos" ya solicitados en el marco de la causa" y un nuevo exhorto dirigido a la Confederación Suiza, "pudiéndose evaluarse la posibilidad de una nueva reunión de trabajo en ese país".