El juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena procesó al ex jefe del Ejército del kirchnerismo César Milani en la causa por los secuestros de Pedro Adán Olivera y de su hijo Ramón Alfredo Olivera, en marzo de 1977, por la cual está detenido en el penal de Ezeiza, de Buenos Aires.

Piedrabuena embargó a Milani por un millón de pesos y le dictó la falta de mérito en la causa iniciada por Verónica Matta, quien había denunciado su secuestro en La Rioja durante la última dictadura militar.

Según el abogado de Milani, Gustavo Feldman, dijo que es un procesamiento "con alfileres, ya no es un error jurídico ni un error en la facticidad; es un procesamiento mañado, el juez está tratando de justificar los 35 días que hace que Milani está detenido".

En concreto, el que fuera jefe del Ejército durante el último Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) está acusado de privar de la libertad a Pedro Olivera y de ser "partícipe secundario" en la provocación de "tormentos ilícitos" contra el hijo de éste, Alfredo Olivera, cuando ejercía como oficial del Batallón de Ingenieros de Construcción 141 en La Rioja.

Los supuestos delitos fueron cometidos junto al exgeneral Luciano Benjamín Menéndez, condenado el pasado año a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.

Menéndez fue jefe del Tercer Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba y jurisdicción en nueve provincias del NOA: fue el hombre fuerte de los militares en Córdoba desde el año 1975 y durante gran parte de la última dictadura militar. El año pasado fue condenado a cadena perpetua en Córdoba por la muerte de tres militantes de la JP y así, recibió la cuarta condena en la provincia de Córdoba por crímenes de lesa humanidad.

En el fallo contra Milani, el magistrado Piedrabuena también estableció un embargo de los bienes de Milani por un millón de pesos (63.000 dólares) y dictó falta de mérito en el caso por la detención ilegal de Verónica Mata en 1976, en la que no lo consideró responsable.

Para el abogado de Milani, las acusaciones se sustentan en el testimonio de un solo testigo que está "controvertido" por documentos oficiales.

Feldman consideró que introducir la figura de asociación ilícita es solamente para "agravar" su pena pero, a su juicio, "no tiene asidero" que estuviera asociado con sus superiores.

Por su parte, Viviana Reynoso, abogada querellante, confirmó que el auto de procesamiento "comprende el hecho uno y hecho dos, que está referido a la privación ilegal de la libertad, el allanamiento ilegal y los tormentos de Pedro Adán Olivera y su hijo Alfredo Olivera". Reynoso afirmó que la resolución judicial "es una pieza bastante extensa en la que se hace un análisis interesante de lo que ha sido el terrorismo de Estado en La Rioja, que no arranca en el año 1976 con el golpe de Estado, sino que se remonta a 1975 y aún antes".

Lo dictado por Herrera Piedrabuena también alcanza a otros imputados, como el ex juez federal Roberto Catalán, ya condenado en una megacausa por la comisión de delitos de lesa humanidad.

El pasado 17 de febrero, Milani quedó detenido en La Rioja tras declarar en la causa que investiga los secuestros de Olivera y de su hijo, por los cuales se lo acusó de estar presuntamente involucrado cuando era un joven oficial que estaba destinado en el Batallón 141 de Ingenieros de esa ciudad.Un mes después, Milani fue trasladado desde La Rioja hasta el penal de Ezeiza, luego de que la Justicia hiciera lugar a un pedido de su defensa para que estuviera alojado en un centro carcelario, con el objetivo de estar cerca de su familia. En marzo de 1977, Olivera fue secuestrado en su casa y permaneció desaparecido durante dos días, en los que dijo haber sido torturado.

Luego lo liberaron en la puerta de su casa y se llevaron a su hijo, Ramón Olivera, quien corrió la misma suerte durante diez días.

Por su parte, en Tucumán, Milani está procesado por el encubrimiento del secuestro y la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, cuando el joven estaba a su cargo cumpliendo el servicio militar obligatorio en 1976.

Buenos Aires tiene otro procesamiento por enriquecimiento ilícito, ya que no pudo justificar sus gastos ni la compra de una casa en San Isidro.