La Justicia ordenó devolverle la plata descontada a los docentes.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo 4 resolvió dar curso hoy a la presentación realizada por el gremio Udocba que ordena a la administración provincial restituir lo descontado en la medida de fuerza del 1 y 2 de agosto 2016.

La jueza en lo Contencioso Administrativo María Ventura Martínez dio nuevamente curso a la demanda iniciada por ese sindicato para que no se les apliquen los descuentos.

Además, pone bajo apercibimiento la aplicación de multas de 1.000 pesos diarios "por cada día de demora", de hacerse efectiva esa responsabilidad por parte del Director General de Escuelas, Alejandro Finocchiaro y los funcionarios responsables.

Esta causa se suma a otra, de similares características, iniciada el año pasado a raíz de los descuentos que se le aplicaron a un grupo de trabajadores auxiliares de educación, a partir de una presentación conjunta realizada por el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y de la Minoridad (SOEME) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), tras un paro en medio de la negociación salarial de 2016.

En agosto último, el juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, Luis Arias, falló a favor de los trabajadores y obligó a la administración bonaerense a devolver los montos descontados por aquella medida de fuerza.

Esa primera resolución resolvió que se devolvieran las deducciones.

El gobierno de Vidal apeló ante la Cámara, que hizo lugar a una medida cautelar del gobierno bonaerense y revocó una resolución

que prohibía a la administración de Vidal dejar de pagar las jornadas de huelga.

El fallo del Tribunal fue firmado por los jueces Juan De Santis, Claudia Milanta y Gustavo Spacarotel, que coincidieron en que correspondía aceptar el planteo del Estado bonaerense y revocar el fallo de primera instancia.

Teniendo en cuenta esta situación, se presume que el Estado provincial apelará esta resolución de primera instancia, dictada hoy por la jueza en lo Contencioso Administrativo, María Ventura Martínez, aunque fuentes gubernamentales no brindaron información al respecto.

"Tiene que haber una contraprestación para recibir un pago, más cuando estamos hablando de dinero público", había señalado el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, cuando se conoció el fallo de la primera causa, mientras puntualizó que "el que no trabaja justificadamente por el derecho a huelga, no recibe sanciones; pero tampoco puede recibir salarios".