El ex gobernador Daniel Scioli deberá presentarse el 16 de marzo para brindar una declaración informativa para evacuar las dudas del fiscal sobre un escrito que presentó el propio ex gobernador el mes pasado.

En el sistema judicial bonaerense, la declaración informativa es un paso previo a la eventual convocatoria indagatoria y el procesamiento. En esa causa están procesados Alberto Pérez, ex jefe de Gabinete de Scioli, y Walter Carbone, ex hombre del círculo de confianza del ex candidato presidencial del Frente Para la Victoria que saltó a la fama cuando en un allanamiento en su casa encontraron una escultura de un dragón con una caja fuerte en su interior.

Scioli deberá dar explicaciones por por la presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de los caudales públicos.

"Se persigue lo que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por ésta (la imputación), con el fin de comprobar, mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad, si existe un hecho delictuoso y la extensión del daño causado por el delito", escribió Garganta.

Las investigaciones que acorralan al gobernador se desprenden de un megaexpediente que se originó tras una denuncia de la diputada Elisa Carrió contra Scioli por lavado de activos y fraude contra el Estado que instruye Garganta. La causa, que investiga casos de corrupción, tiene varias ramificaciones. Busca ilícitos en la Jefatura de Gabinete, en Aguas Bonaerenses, en el Instituto Obra Médica Asistencial (IOMA), en Loterías y Casinos, en el Astillero Río Santiago, en Obras Públicas, en el alquiler de aviones y en Desarrollo Social por el reparto de fondos a cooperativas, entre otros. En el apartado de Jefatura de Gabinete es donde más se avanzó.

El fiscal Garganta imputó a Pérez y a su segundo Carbone y les dictó la prohibición de salir del país y una inhibición de bienes por $ 15 millones.

La Justicia sospecha que usaban facturas truchas para destinar fondos públicos a la campaña electoral. Y también para enriquecerse.

La causa todavía no adquiere el carácter de un leading case del manejo de las "cajas negras" en la política, pero de su evolución también afectaría a todo el sistema de contralor institucional de la Provincia, Tribunal de Cuentas y Contaduría general incluidas.

Scioli presentó un informe de casi 200 carillas hace dos semanas, y se puso a disposición de la fiscalía a cargo. Además, pidió pruebas que acrediten la acusación en su contra, a través de los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina.

Entre los documentos aportó facturas sobre vuelos privados durante la campaña electoral 2015.

El 16 de marzo podrá ampliar el testimonio escrito y contestar preguntas de Garganta o llamarse a silencio bajo amparo de un derecho constitucional.