La Argentina será más estricta en el control de la inmigración.

Para ello, invertirá en infraestructura en los pasos de frontera para reforzar los controles; renovación informática y mejora del sistema de conectividad para detectar antecedentes penales y pedidos de captura de los ingresantes; cuestionarios más estrictos; implementación de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo; aceleración de las expulsión de los inmigrantes irregulares y habilitación de lugares de retención hasta la deportación.

Se prepara un decreto para avanzar con ese paquete de medidas y endurecer la política migratoria. Algunas ya están en marcha y el decreto apuntará a modificar la reglamentación de la ley de Migraciones para fortalecer las herramientas y mostrar “mayor eficacia” en esa dirección.

Con aval de Mauricio Macri, trabajan en la iniciativa principalmente los ministerios de Seguridad e Interior, del que dependen Migraciones y el Registro Nacional de las Personas.

“Lo que el Presidente quiere es ir hacia un camino en el que pueda entrar y quedarse la gente de buena voluntad y no los delincuentes”, coincidieron funcionarios de las dos carteras, aun con diferencias de criterios no saldadas y pujas por el reparto de tareas. En Balcarce 50 desestiman que lo impulsen a partir de las declaraciones de Miguel Pichetto, que aseguró que Argentina “siempre funcionó como ajuste social de Bolivia y delictivo de Perú” por la falta de control inmigratorio: argumentan que comenzaron a prepararlo antes.

Uno de los objetivos principales será “agilizar” los procesos para aplicar el artículo 29, que enumera las “causas impedientes del ingreso y permanencia de los extranjeros” en el país, entre ellas tener antecedentes por delitos graves, presentar documentos falsos o eludir el control migratorio.

Otra de las iniciativas será endurecer las exigencias para los ingresos. “Estamos trabajando en una revisión integral de los procesos para entrar al país”, confirmaron cerca de Frigerio.

Como en otras áreas, los funcionarios macristas adjudican a la herencia la falta de herramientas para un control adecuado de los ingresos al país: marcan que desde 2002 no había mejoras en la infraestructura de los pasos fronterizos. En Interior enumeran la implementación de una base de datos compartida con Interpol, la incorporación de dispositivos técnicos para detectar pedidos de captura y antecedentes penales, la tarjeta vecinal fronteriza (habilita el paso por 72 horas y hasta 50 kilómetros) ya en marcha para registrar los flujos en esas áreas, el control integrado con Chile y el programa de información anticipada de pasajeros como las primeras medidas que permitieron “aumentar el control en un 20%”.

También la capacitación de unos 2.500 inspectores para cubrir los 263 pasos. “Nunca es suficiente el personal, son 9.500 kilómetros de frontera”, admiten.

“No queremos fomentar ánimos xenófobos, que están en la sociedad. Nuestro adversario a vencer es la migración irregular, no el inmigrante”, dijo Horacio García, director de Migraciones.