El empresario patagónico Lázaro Báez se presentó a las 9 de la mañana en los Tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa que investiga una presunta matriz de “corrupción en la obra pública”, que tuvo como principal beneficiaria a su firma insignia Austral Construcciones, presentó un escrito y no respondió preguntas ante el juez Julián Ercolini.

El empresario K pidió ayer la postergación de su indagatoria y la nulidad de la causa, solicitudes que fueron rechazadas por el magistrado.

Nuevamente el socio comercial de Cristina Kirchner volvió a Comodoro Py para declarar. Esta vez, es por una causa que lo reúne con la ex Presidenta quien negó este lunes, ser amiga o socia de quien administró tres de sus hoteles, con quien tiene un terreno en condominio de 78.000 metros cuadrados, con quien realizó 13 operaciones inmobiliarias, entre los nexos comerciales más destacados.

Santiago Viola abogado de Leandro, Luciana y Melina Báez reafirmó que hay "miles de vínculos" entre "empresas y la propia ex Presidenta", y dijo mostrarse "sorprendido" por sus planteos.

Con un importante dispositivo de seguridad, con chaleco antibalas y casco como en cada uno de sus traslados, Báez llegó a los Tribunales de Comodoro Py. Ayer estuvo en comunicación permanente con sus hijos que se encuentran en Río Gallegos y desde la familia indicaron que estaba "tranquilo".

El empresario K según la auditoría de Vialidad Nacional de la actual gestión, fue beneficiado con 51 contratos durante los últimos doce años, de manera “discrecional y sin controles”. Lo que generó “ un perjuicio para el erario”. Al Grupo Austral se volcaron recursos por U$S 2.200 millones ($ 33.800 al tipo de cambio actual). Báez deberá explicar por qué el 50% de las obras nunca se terminaron y a dónde se dirigieron los fondos que sí recibió por las licitaciones inconclusas.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques plantearon en su dictamen que este conjunto de obras recibidas por el Grupo Austral, refleja un “direccionamiento de la obra pública” ya que Báez no sólo tenía un vínculo previo con los ex presidentes, sino que no contaba con la capacidad técnica para cumplir con las licitaciones.

Vialidad Nacional en la documentación que proporcionó a los fiscales, indicó que hubo concursos donde compitieron más de una empresa del holding de Báez, quien también contaba con “información confidencial” de los concursos a los que se presentaba. También señalan que el Grupo Austral cobró certificaciones por obras no iniciadas y en promedio un sobreprecio del 65 %.

Báez -preso hace seis meses- negará cada una de estas acusaciones bajo un argumento similar al de la ex Presidenta: que la auditoría realizada no incluye a todas las empresas y que su grupo de ubica en el puesto 38 del ranking de obra pública. Además reiterará el pedido de nulidad de la causa considerando que no está claro el delito que se le imputa.

Esta semana con el inicio de las indagatorias en la causa de corrupción en la obra pública, Báez decidió que Austral Construcciones constituida en mayo de 2003, presente el concurso preventivo. Si bien buscan evitar que sigan corriendo los intereses sobre las deudas de la empresa y establecer alguna metodología de pago, en el entorno familiar admitieron que es el paso previo para ir a la quiebra después de doce años de millonarios contratos viales.

En esta causa ya declaró la ex Presidenta que además de denunciar una "persecución política", pidió la nulidad de la causa. Ayer Julio De Vido -ex ministro de Planificación Federal- negó todas las acusaciones en su contra y sin contestar preguntas apuntó contra el Gobierno por su situación judicial. Mañana será el turno de José López, ex secretario de Obras Públicas, preso en Ezeiza después de ser encontrado arrojando bolsos con dólares en el convento de General Rodríguez.