Los cargos contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no se refieren a casos de corrupción, sino a la manipulación de cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, una práctica conocida como "ruedas fiscales" o "pedaladas fiscales" en el país sudamericano.

Éstos son los dos puntos que conforman las acusaciones formales del juicio político contra Rousseff:

1. El Gobierno de Rousseff es acusado de haber retrasado intencionalmente el desembolso de fondos del programa de subvenciones para la agricultura, el "Plano Safra", por un monto de 3.500 millones de reales (unos 1.070 millones de dólares). El objetivo de esa maniobra, practicada ya por Gobiernos anteriores, es reducir a efectos prácticos el déficit estatal: los mercados financieros no se enteran así al menos por un tiempo de la verdadero situación fiscal del país. En la práctica significa que bancos estatales otorgan una especie de préstamo al sector público, algo prohibido por ley.

2 - El segundo punto de la acusación alude a seis decretos del Gobierno de Rousseff que permitían créditos millonarios para gastos del Estado sin la autorización previa del Legislativo. Los defensores de la presidenta señalan que en caso de que Rousseff sea de verdad responsable de "delitos de responsabilidad", algo que ella niega, eso también implicaría a su vicepresidente, Michel Temer, que aspira a sucederla en el cargo.

3. Las manipulaciones fiscales de las que se acusa a Rousseff ya eran sin embargo cometidas por Gobiernos anteriores. A la mandataria no se le han probado por otro lado casos de corrupción. Para los defensores de Rousseff, el juicio político en el Senado fue por eso una farsa, ya que la presidenta ganaría el caso ante un tribunal normal.