El Gobierno dio marcha atrás con una decisión que había tomado a mediados de agosto, luego del fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia que frenó la suba de tarifas de gas para los usuarios residenciales de todo el país.

Finalmente, no se realizará una convocatoria anticipada a la audiencia pública por las tarifas de energía eléctrica, y esperará hasta que el máximo tribunal falle sobre este tema, en la reunión de acuerdos del martes 6 de septiembre.

La suba de las tarifas de luz están frenadas por una disposición de la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, quien a principios de agosto ordenó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que se abstenga de aplicar los incrementos hasta la correspondiente audiencia pública.

Para cumplir con los mismos pasos legales, antes de este encuentro primero deberá recibir el dictamen de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. La audiencia pública para las tarifas de gas quedó fijada para el viernes 16 de septiembre, y calculan que la audiencia de la luz recién se llevaría a cabo durante octubre.

La cita se repetirá en la Usina del Arte, el centro cultural que el gobierno porteño tiene en el barrio de La Boca.

Luego de la incertidumbre que generó el fallo de la Corte, el Gobierno prefiere esperar a ver si el tribunal pedirá audiencia pública para el costo de la energía. Para el primer caso, existen marcos regulatorios según cada provincia.

La audiencia general estará enfocada en las boletas que recaen bajo la órbita de Edenor y Edesur, que operan en la Ciudad y en el área metropolitana de Buenos Aires.

El Estado, a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), sólo posee competencia sobre estas dos empresas de distribución, y no sobre las que operan en el interior de la Argentina. Para estas tarifas quedan dos opciones: que los gobernadores acuerden con el Gobierno y convoquen a audiencias públicas provinciales, o esperar a que la Corte Suprema defina cómo se hará en esos casos.

En los últimos años, el gobierno kirchnerista subsidió la generación eléctrica a nivel nacional, pero el subsidio en la distribución sólo benefició a las empresas que dependen del ENRE. Es por eso que en Capital Federal se paga siete veces menos por la luz que en Córdoba. El valor agregado de distribución (VAD), por los marcos regulatorios, varía de forma significativa por jurisdicción.