La Justicia dictaminó aplicar la condena máxima a los represores que actuaron en el centro clandestino de detención durante la última dictadura militar
Tras 4 años de juicio, el Tribunal Federal de Córdoba condenó este jueves a prisión perpetua al ex general Luciano Benjamín Menéndez, al ex capitán Héctor Pedro Vergez, jefe del grupo paramilitar Comando Libertadores de América; y el ex mayor Ernesto "Nabo" Barreiro, entre otros represores, por delitos de lesa humanidad en la megacausa "La Perla-La Ribera".
El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, de 89 años, fue encontrado culpable de la desaparición de 282 personas, 52 homicidios, 260 secuestros, y 656 casos de torturas.
El fallo tiene como hecho destacado que es la primera condena que recibe Barreiro por su actuación durante el genocidio. En su alegato final, el represor lanzó una provocación a las víctimas, familiares y activistas de derechos humanos, cuando advirtió que "nos verán a nosotros desfilar orgullosos junto al pueblo de nuestra querida Patria, y así las sombras tenebrosas del efímero relato serán borradas de la historia para siempre".
Barreiro estaba imputado por 518 delitos: 228 privaciones ilegitimas de la libertad agravadas, 211 imposiciones de tormentos agravadas, 65 homicidios calificados, 13 imposiciones de tormentos seguidos de muerte y el robo de un menor de 10 años.
Al igual que Ménendez, Vergez y Barreiro, los jueces sentenciaron a la mayor pena a los represores Jorge González Navarro, Jorge Eduardo Gorleri, Jorge Acosta, Héctor Hugo Chilo, Luis Martela, Luis Gustavo Diedrichs, Alberto Luis Choux.
El Tribunal Federal Número 1 comenzó a pronunciar el fallo poco después de las 12, en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en La Perla y otros campos de concentración de Córdoba, cuyo proceso oral comenzó el 4 de diciembre de 2012.
La investigación apuntó a las violaciones de derechos humanos ocurridas entre marzo de 1975 y 1979 en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de Córdoba conocidos como "La Perla" -el mayor del interior de la Argentina durante la última dictadura-, "Malagueño o Perla chica", "Campo La Ribera" y "D2".
La sentencia llegó después de casi cuatro años de juicio, durante los que se recibieron casi 600 testimonios. Los acusados fueron considerados culpables de los delitos de privación ilegítima de la libertad, privación agravada por su carácter de funcionario público y persecución política, tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, robo calificado, secuestro, violación agravada, homicidio calificado y sustracción de un menor.
Del total de víctimas que pasó por los mencionados centros de exterminio, el 45% permanece desaparecida; el 40% sobrevivió y el 15% murió.
Según declararon los sobrevivientes, durante los últimos meses del gobierno constitucional de Isabel Perón, La Perla ya funcionaba como centro represivo ilegal. Pero entre marzo de 1976 y mediados de 1977 habrían pasado por allí entre 2.500 y 3.000 víctimas del terrorismo de Estado. Finalmente fue cerrado en diciembre de 1978, de acuerdo a los testigos.