Sin margen para nuevos errores, el presidente Mauricio Macri convocó al ministro de Energía, Juan José Aranguren, y funcionarios de la denominada "mesa chica" para avanzar con cambios al tarifazo en gas rumo a la audiencia pública postergada para el 16 de septiembre próximo.

Cinco días después del fallo de la Corte Suprema sobre las tarifas de gas, y obsesionado con encontrar una salida, Macri analiza implementar un nuevo esquema de tarifas, sin topes para los usuarios de altos niveles de consumo, pero "más equitativo y razonable", segmentado por región y con criterios de geolocalización similares al que se recurrió para la tarifa social, con tarifas más accesibles para las zonas más vulnerables.

Dicen que pidió a Aranguren ser más exigente con los hogares de las zonas de mayores ingresos. Es que el tope del 400% de aumento sobre las facturas había sido la concesión que el Gobierno, a instancias de Frigerio, había dado ante el reclamo de los gobernadores por el impacto que ocasionó el tarifazo en sus distritos.

El jueves pasado, la Casa Rosada recibió con sorpresa el fallo de la Corte Suprema, que si bien ratificó la tarifa social y la vigencia de los aumentos en las tarifas del gas para el 76 por ciento de los usuarios –industrias y comercios–, propinó un duro revés al retrotraer los aumentos en los clientes residenciales, un costo fiscal de unos 20.000 millones de pesos para el Estado.

También obligó al Gobierno al llamado a la audiencia pública.