Los brasileños parecen decididos a terminar con la impunidad.

Un juez brasileño suspendió el nombramiento del expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva como jefe de gabinete, en otro turbulento capítulo de una crisis regada de escándalos que amenaza el mandato de Dilma Rousseff.

El mismo día y en una semana de gran turbulencia política en Brasil, legisladores brasileños crearon una comisión para analizar un juicio de destitución contra la presidenta, acusada por la oposición de haber aumentado gastos sin permiso del Congreso y de

tapar agujeros del presupuesto usando bancos estatales en 2014, el año de su apretada reelección, y a inicios de 2015.

Lula llegó a tomar posesión del cargo en una ceremonia con ambiente de mitin político en el que su sucesora denunció maniobras golpistas. Pero poco después, un magistrado de Brasilia aceptó una medida cautelar que dejó su entrada en funciones en suspenso, para evitar que el expresidente (2003-2010) obtenga fueros privilegiados por su condición de ministro.

La toma de funciones "puede implicar intervención, indebida y odiosa, en la actividad policial, del Ministerio Público y también en el ejercicio del Poder Judicial por parte del señor Luiz Inacio Lula da Silva", argumentó en su texto, el juez federal.

De esa manera, Lula escaparía de la investigación llevada a cabo por el juez Sergio Moro que investiga el caso Petrobras y se convirtió en ícono de la lucha contra la corrupción en Brasil.

El gobierno recurrió la decisión, en otro día de deliberaciones y con manifestaciones contra el gobierno en Sao Paulo, Brasilia y otras ciudades.

"La gritería de los golpistas no me va a sacar del rumbo ni va a poner de rodillas a nuestro pueblo", declaró la mandataria en el Palacio de Planalto, mientras en el exterior la policía se interponía entre partidarios y adversarios del gobierno.

"¡No habrá golpe! ¡No habrá golpe!", coreaban los asistentes al acto dentro y fuera del edificio.

Lula, investigado en una causa por supuesto ocultamiento de bienes en el megafraude de la estatal Petrobras, dejó el salón sin hacer declaraciones, en medio de una marea de custodios, asistentes, políticos y periodistas.

L entrada de Lula al gobierno es vista por analistas como una útima tentativa de Rousseff para evitar la caída del gobierno vía impeachment, una herramienta que muchos legisladores opositores ven como la salida institucional más rápida de la crisis.

Una severa recesión económica sin salida visible y las revelaciones de la estafa que asoció empresarios y políticos que le costó más de 2.000 millones de dólares a Petrobras fueron minando a la coalición de gobierno que lidera el PT.

La cámara baja constituyó esta tarde la comisión de 65 legisladores que dará un parecer sobre el pedido de juicio de destitución. La recomendación de ese cuerpo no es vinculante y para que el proceso continúe hacia el Senado, el impeachment debe ser aprobado por dos tercios de los diputados (342 de un total de 513).

De lo contrario, el caso será archivado. Recomponer la diezmada alianza de partidos que apoyan a Rousseff será uno de los principales objetivos de Lula para frenar el intento de destitución.

"Cuento con su experiencia de expresidente, con su identificación con el pueblo de este país, con su incomparable capacidad (...) de entender a ese pueblo y de ser entendido y amado por él", dijo Rousseff, que ocupó cargos ministeriales, incluyendo el de jefa de gabinete, durante los dos mandatos de Lula.

Pero el impacto esperado ya había sido eclipsado en la víspera por la divulgación de una llamada telefónica en la que Rousseff le anunciaba al expresidente que se aprestaba a enviarle el decreto de su nombramiento para que pueda "usarlo en caso de necesidad".

La frase avivó la sospecha de que era una maniobra para dotarlo de fueros.