El espionaje parece estar a la orden del día en la Argentina, en parte por la paranoia que caracterizó a los Kirchner, pero también por la guerra de espías que todavía se vive en el país.

Ahora, trascendió que los despachos de la presidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, y de la Jefatura de la Armada, tenían micrófonos plantados.

Efectivos de la Policía Metropolitana hicieron el hallazgo tras revisar muebles, cuadros y hasta las cortinas. }

También trabajaron sobre los teléfonos y las computadoras.

"Encontraron fallas en la seguridad y me recomendaron que lo haga cada tres meses”, dijo un funcionario con rango de secretario de Estado que se acostumbró a escuchar música en su despacho para combatir a los espías, indicó Clarín.

El espionaje político no reconoce banderas partidarias y trasciende a todos los gobiernos. Pese a las reformas de la ex SIDE, y el fin de la “era Stiuso”, el recambio de gobierno trajo una nueva “psicosis” por el espionaje.

Algo similar había ocurrido con la llegada del kirchnerismo. La particularidad de esta nueva transición es la desconfianza en las fuerzas de seguridad nacionales para la “limpieza” de los despachos oficiales. La mayoría de los operativos quedaron a cargo de la Policía Metropolitana.

La primera señal de alarma se registró los primeros días de diciembre, en el despacho de la presidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, donde un operativo dio positivo de una serie de artefactos utilizados para escuchar.

El hallazgo, confirmado a Clarín por fuentes oficiales, no se había informado hasta ahora. “Recalde también debe haber sido víctima de todo esto”, minimizaron en el Ministerio que conduce Guillermo Dietrich, que hasta ahora no hizo registrar su propia oficina.

Hasta diciembre, la limpieza de los despachos estaba a cargo de la Policía Federal y de la Gendarmería. Ambas fuerzas cuentan con la tecnología necesaria para detectar micrófonos.

“Hacían una búsqueda manual (con un aparato que suena si detectan algo) y tenían una computadora y otras máquinas”, cuenta un ex funcionario con funciones en el área de Seguridad. Ese lugar lo ocupó ahora la Metropolitana. “Es lógico que hayan cambiado, porque confían más en la Policía que ellos mismos crearon”, advierte un experto en el área de comunicaciones.

La Policía porteña registró en estos tres meses al menos 30 despachos de funcionarios nacionales, provinciales, de la Ciudad, y hasta de legisladores oficialistas, pudo saber Clarín. En la Metropolitana se negaron a dar detalles de los operativos, aunque trascendió que hubo otro caso positivo en las oficinas del jefe de la Armada, donde se encontraron seis micrófonos.

En la Casa Rosada los operativos son periódicos, pero están a cargo de la Casa Militar. Se registran los despachos del presidente Mauricio Macri, del secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis y del jefe de Gabinete Marcos Peña. Hasta ahora nunca se encontró nada. El ministro del Interior Rogelio Frigerio hasta el momento no registró el despacho que heredó de Florencio Randazzo, pero lo hará en los próximos días.

Otros funcionarios de menor rango apelan a empresas privadas que se dedican a contrarrestar el espionaje. La “limpieza” de un solo despacho puede costar hasta 4000 mil dólares. “En un país donde se gestionó la política con la Side durante diez años no limpiar la oficina es de amateur”, advierte un funcionario que recibió un área sensible.

Pese a los intentos por reformar el área de las escuchas oficiales (pasó a la Procuración y ahora a la Cámara Federal), en la Justicia todavía hay varias denuncias abiertas. Jaime Stiuso afronta un caso en el juzgado de Luis Rodríguez conocido como “Dark Star” donde aparecen afectados políticos, periodistas y varios famosos, aunque la “víctima” final era Fernando Pocino, su rival en los últimos años. Y el juez Sebastián Casanello, el mismo que sobreseyó a Macri por las escuchas ilegales, tiene a su cargo una denuncia de Laura Alonso y Patricia Bullrich. En ese expediente, ya declaró, como testigo, el operador judicial Javier Fernández.

La batalla contra el espionaje es diaria. Muchos funcionarios se volvieron adictos al Telegram, más seguro que WhatsApp, aunque no es infalible. Los más sofisticados ya dieron un salto tecnológico. La gobernadora Maria Eugenia Vidal están en ese lote.