Ahora fuera de juego, la fiscal Viviana Fein parece recordar datos que mientras era monitoreada por Cristina Fernández no había mencionado.

Fein, quien casi un año de trabajo no dictaminó sobre lo que ocurrió en el departamento donde vivía el jefe de la UFI AMIA, y terminó apartada de la causa que aún conmueve a la Argentina, sostiene que cuando la jueza Palmaghini reasumió la investigación, en diciembre último, estaba concentrada en desentrañar “llamativas, sugestivas y preocupantes” llamadas telefónicas entre los espías más poderosos del país, durante todo el 18 de enero de 2015.

Asegura que esas sospechosas comunicaciones ocurrieron más o menos desde la hora en que habría muerto Nisman, por la mañana, y la llegada de su madre al departamento, esa noche. El intenso y hasta ahora inexplicable cruce telefónico se produjo entre los espías Antonio “Jaime” Stiuso, Alberto Mazzino y Fernando Pocino, el también espía y ex jefe del Ejército César Milani y el número dos de la Agencia Federal de Inteligencia, Juan Martín Mena, todos hombres de confianza del gobierno de Cristina Fernández, la principal apuntada por Nisman de supuestamente encubrir a Irán en la causa.

Fein dice que buscaba que el gobierno de Fernández liberara a los espías del secreto que les impone la ley de Inteligencia para poder citarlos a declarar. No lo logró.

“No sabemos cuál era el objetivo de tantos llamados”, dice la fiscal. En su copiosa declaración del lunes Stiuso habría respondido que “hablaron temas de actualidad”, en verdad medio pobres en un verano con Buenos Aires vacía, él en Pilar y Pocino en Pinamar.

Otra pista sobre la que estaba trabajando la fiscal cuando el 17 de diciembre –a una semana de la asunción de Mauricio Macri– la jueza Palmaghini decidió tomar la investigación en sus manos, era la del hackeo de una cuenta de correo electrónico de Nisman.

Los peritos descubrieron que el fiscal había recibido un virus informático malicioso que no podía activarse en su celular, pero que era muy dañiño si lo abría desde la computadora. “Quisimos saber si se trataba de un hacker que lo estaba espiando. Avanzamos hasta un centro de control en Estados Unidos, que le había vendido megabytes a una empresa Argentina, que a su vez logró localizar el IP de la computadora desde la cual habría partido el virus en la ciudad entrrerriana de Paraná. Entonces pedimos a la jueza que allane ese domicilio, donde pudimos establecer que funcionaba una firma vinculada a servicios de Internet”, indicó.