Luego de que la Corte Suprema de Brasil autorizara la investigación contra 49 políticos funcionarios brasileños por el escándalo de Petrobras, la ONG de lucha contra la corrupción Transparencia Internacional dijo que buscaría ramificaciones en Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Pablo Secchi, de la organización asociada a Transparencia Internacional Poder Ciudadano, dijo que se solicitó a la Procuración "un listado de las empresas involucradas pero nos dijeron que sólo había una denuncia penal sobre Petrobras, en el juzgado nacional penal económico número dos. Como los delitos están caratulados por personas físicas, es muy complicado rastrear por el sistema de la Procuración el nombre de las empresas involucradas en casos de corrupción”.

Aunque ese camino se cerró, el caso terminó repercutiendo en la Argentina. En diciembre, el diario Folha de Sao Paulo se hizo eco del testimonio de un arrepentido brasileño que involucraba en el caso Petrobras a la empresa Electroingeniería, de empresarios amigos del kirchnerismo, al ex ministro Julio De Vido y al ex ministro menemista Roberto Dromi, por la adquisición de Transener en 2006.

Según el arrepentido, había habido una operación para impedir la venta de Transener, entonces propiedad de Petrobras, a un grupo empresarial estadounidense que estaba interesado en la empresa. El objetivo era que fuera a parar a manos de empresarios argentinos también interesados en la compañía, indicó Clarín.

En 2007, Petrobras vendió su participación accionaria a Transener, por U$S 54 millones. Los compradores fueron Enarsa y la privada Electroingeniería. Tras la declaración del arrepentido, la diputada Elisa Carrió denunció penalmente al ex ministro De Vido en enero. "Cerveró habría afirmado que tanto él como Soares recibieron 300.000 dólares por las gestiones que realizaron en 2007 para la venta de la compañía argentina de transmisión eléctrica Transener, que dependía de Petrobras, a una tercera empresa”.

Hace apenas unas semanas el caso Petrobras hizo saltar el nombre de otro sospechoso habitual, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, y el de uno de sus principales asesores, Manuel Vázquez.

La Policía Federal de Brasil los acusó de haber recibido pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obtener las obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Firmado por el comisario Filipe Hille Pace y citado por el canal de televisión TN, el informe de la policía brasileña decía: “Fue constatado que el grupo Odebrecht utilizaba cuentas de la firma offshore KLIENFELD SERVICES LTD para la realización de pagos de ventajas indebidas a funcionarios públicos de otros países, como en el caso detallado, en el que hubo un pago en favor de Ricardo Raúl Jaime”.

En los correos electrónicos de un ejecutivo ligado a Odebrecht hay conversaciones entre un directivo de la firma, Mauricio Couri Ribeiro, y Vázquez. El asesor de Jaime reclamaba en esas conversaciones no haber recibido aún la coima prometida.

Según el informe de TN, en los mails aparecía también la documentación bancaria que probaba una transferencia de 80 mil dólares: de Klienfeld a Pribont Corporation S. A., una firma uruguaya con cuenta en el FirstCarribbean International Bank (Curacao). De acuerdo con el informe policial, el destinatario era Jaime.