Las restricciones al comercio exterior y la enorme lista de regulaciones aplicadas por el kirchnerismo fueron un caldo de cultivo para fomentar la corrupción. Al menos eso creen las nuevas autoridades de la AFIP, que vienen investigando con lupa numerosas irregularidades.

A las denuncias de que para obtener autorización para retirar un contenedor de la Aduana había que pagar altas coimas, realizadas por distintos sectores empresariales, se sumó ahora el caso de los depósitos fiscales.
El nuevo jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, firmó varias resoluciones en las que cancela la habilitación de una serie de depósitos fiscales.

Algunas de estas playas y galpones para mover y almacenar contenedores con mercadería son atribuidos a empresarios cercanos al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray y hombre de estrechísima confianza de la ex presidenta Cristina Fernández, a tal punto que decidió nombrarlo en la Auditoria General de la Nación, uno de los pocos espacios de poder que le quedaron al kirchnerismo.

Entre esos "amigos" de Echegaray se encuentra "El Uruguayo" Jorge Lambiris y "El Pelado" Sergio Gustavo Gonzáez, quienes se hicieron conocidos por agredir a un equipo periodísitico de TN mientras vacacionaban junto al funcionario kirchnerista en Río de Janeiro, el Año Nuevo de 2014, consigna Clarín.

Gómez Centurión, un ex militar ligado al macrismo que se presenta como "paracaidista y comando, veterano de la guerra", firmó las Disposiciones 3 a 8 de la Aduana, publicadas en el Boletín Oficial.

El texto es muy parecido y solo cambian los nombres de los depósitos fiscales a los que se les "cancela la habilitación" y se les otorga un plazo de 60 días para que queden "a plan barrido".

En la jerga aduanera esto es que deben dejar de operar de inmediato y en dos meses quedar vacíos.

Tres de los depósitos inhabilitados funcionan en el predio del Mercado Central de Buenos Aires, un territorio en el que hasta hace poco mandaba el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Se trata de Carestiba SA, Logística Central SA y Censer SA.

Carestiba SA es el depósito fiscal que varias fuentes han atribuido históricamente a Lambiris, un empresario aduanero al que muchos llaman "El rey del bagayeo" por su hábil manejo de contenedores rebosantes de productos importados. En el 2000 se vio implicado en una causa de contrabando agravado, por el que fue hallado culpable y debió realizar una "Probation".

Censer SA es otro caso llamativo. La empresa fue creada apenas hace tres años y ha realizado una inversión varias veces millonaria para levantar un enorme y moderno depósito que da a la autopista Ricchieri y ocupa 8 hectáreas dentro del Mercado Central. Al frente de la misma figuran Pablo Cristias Sccasso y Carlos Alfredo Ríos, aunque es atribuida al mismo grupo de operadores de Carestiba.

Además la Aduana dio de baja os depósitos de Dodero Cia. Gral. de Servicios SA y Logexpor SRL, y hace unos días había hecho otro tanto con Lo Primo SA.

En estos casos, se trata de empresas tradicionales en el sector. Lo Primo incluso pertenece a Miguel Pascucci, histórico presidente de la Cámara Argentina de Depósitos Fiscales Privados (Cadefip).

Según Clarín, allí mantenían reuniones varios empresarios alertados por las drásticas decisiones tomadas por Gómez Centurión.

"No hubo ningún preaviso y esto se va a judicializar, pues la Aduana está imponiendo la pena máxima a los depósitos sin instancias previas para que cada una de las empresas pueda ejercer una legítima defensa", dicen con preocupación los ex allegados a Echegaray que observan cómo un gran negocio se les escapa de las manos.

Lambiris y González son los dos empresarios aduaneros que pasaron junto a Echegaray y su familia los festejos de fin de año 2013 en un lujoso hotel de Copacabana, en Río de Janeiro.

Cuando fueron detectados en el lugar por un equipo del canal de noticias TN, ambos la emprendieron contra los periodistas. "El Pelado" conocía al actual titular de la Auditoría desde que éste era aduanero en Río Gallegos. Luego, cuando Echegaray llegó a la conducción del organismo en 2006, González comenzó a integrar empresas vinculadas justamente con el negocio de los contenedores.