El presidenta Cristina Fernández deberá informar lo que su gobierno viene tratando de ocultar desde hace casi dos años.

La Justicia le ordenó presentar un informe sobre los datos oficiales de pobreza e indigencia que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dejó de publicar en diciembre de 2013.

Así lo dispuso la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento, a raíz de una presentación realizada por la legisladora y candidata a diputada nacional por el Frene Progresista Victoria Donda.

La magistrada le pidió también al Ministerio de Economía difundir en el plazo de cinco días hábiles "los valores absolutos de los precios al consumidor de los productos sobre cuya base se calculan las variaciones porcentuales que viene anunciando el IPCNU desde febrero".

Lo hizo a pedido de Donda, en el marco de una acción de amparo en la que la jueza rechazó "-no obstante- obligar al gobierno mediante una medida cautelar".

Sarmiento recordó que está constitucionalmente regulado "el acceso a la información pública del Poder Ejecutivo".

"Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legitimo ni contar con patrocinio letrado", remarcó la jueza.

"El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan", añadió.