Según el Boletín Oficial, el Gobierno decidió un aumento extra de presupuesto y elevó el déficit fiscal a través del decreto 1775 firmado por la presidente Cristina Fernández.

La nueva medida distribuye gastos adicionales a los aprobados en el Presupuesto original 2015 en $21.616 millones, de los cuales sólo se cubren con recursos tributarios superiores a los esperados $13.198 millones, el resto se financia con más deuda y emisión de pesos del Banco Central.

Semejantes erogaciones para todos y todas tienen como principales destinos al Ministerio de Trabajo para atender los programas de Acción Social a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ($13.198 millones) y $1.513 millones para "acciones de capacitación laboral"; el Ministerio de Planificación -$3.482 millones para "asistencia financiera a las empresas públicas"-; y el Ministerio de Interior y Transporte -$1.360 millones para "políticas de transporte ferroviario"-, entre otras en las que sobresalen $851 millones al Ministerio de Salud para "prevención y control de enfermedades endémicas" y $473 millones para la Secretaría de Inteligencia.

Pero como se está en tiempo de elecciones y se requiere no dejar área sin asistencia financiera adicional a la que aprobó el Congreso, pese a no contar con los recursos genuinos para solventarlos, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, dispusieron dos decisiones administrativas que elevaron más el gasto por lo presupuestado, pese a que de ese modo atizan la inflación, y con ello la pobreza.

Se trata de la decisión administrativa 848 que en un anexo de sólo dos folios detalla el incremento de las erogaciones en $300 millones para "actividades centrales del Poder Judicial" y la 854 que en 62 páginas eleva las partidas de gastos en $3.924 millones, principalmente a favor del Ministerio de Trabajo para que pueda reforzar el "Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) en $2.370 millones; $774 millones para el Ministerio de Salud, para "financiamiento del Hospital de Alta Complejidad El Calafate" y $236 millones al Ministerio de Justicia "para Seguridad y Rehabilitación de Internos".

De este modo, se afirman las previsiones de los economistas del sector privado que con sólo los datos oficiales de los primeros siete meses del año que coinciden en proyectar para todo el corriente año un rojo de las finanzas públicas cercano a 300.000 millones de pesos, equivalente a 7% del PBI. La consecuencia de semejante desequilibrio, pese a registrarse la mayor carga impositiva de la historia sobre las empresas y las personas físicas, explica el estancamiento de la actividad agregada, porque derivó en la consolidación de altos índices de inflación y pobreza, al desalentar la inversión productiva y la generación de empleos de calidad en el sector privado.