Mientras Daniel Scioli y Mauricio Macri se cruzaron hoy por el drama de los inundados bonaerenses, el problema que afecta a buena parte de la provincia de Buenos Aires puso en evidencia la necesidad de encarar urgentes obras de infraestructura.

El Estado recaudó más de $10 mil millones en los últimos doce años a través del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica que se creó precisamente para costear obras para evitar inundaciones como las que están padeciendo desde la semana pasada los vecinos de varios municipios bonaerenses. Pero especialistas que la plata se terminó destinando a otros objetivos y eso explica la grave actualidad.

El decreto 1381 fue firmado durante los últimos días del gobierno de Fernando de la Rúa, en 2001. Cinco años más tarde se aprobó la ley 26.181, que estableció la creación de una Tasa de Infraestructura Hídrica que se le cobra a los automovilistas cada vez que cargan nafta en las estaciones de servicio.

Desde entonces, el Gobierno cobra anualmente millones de pesos por intermedio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que deposita lo recaudado en una cuenta del Banco Nación donde está constituido el fondo con el objetivo de "desarrollar proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones y de protección de infraestructura vial y ferroviaria", según surge de las propias normas.

De acuerdo con datos oficiales publicados por la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura que depende del Ministerio de Economía de la Nación, desde 2002 hasta julio de 2015, este fondo recaudó $10.388 millones.

Además recibe transferencias, intereses y otros ingresos. Por ejemplo, en los últimos seis meses percibió casi $2.700 millones en concepto de aprovechamiento hídrico del río Santa Cruz.

Parte de esos fondos se utilizaron para financiar cuestiones que no le cambian la vida a las personas afectadas por las lluvias. Por ejemplo, en 2012, se solventó un stand de la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el parque temático Tecnópolis, que estuvo a cargo de la Universidad de San Martín a cambio de 5,27 millones de pesos. A la Universidad de Tres de Febrero le fue un poco mejor. Logró un contrato similar que también fue financiado con el dinero de las obras hídricas por 10,9 millones de pesos.

El presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, denunció que el Estado sólo ejecutó el 8% de ese fondo de más de 10 mil millones.

Además, utilizó un ejemplo para graficar el desinterés del Estado en solucionar problemas estructurales que afectan la rentabilidad de los campos cada vez que se producen precipitaciones fuertes: "En diez años recaudaron $82 millones de dólares con las retenciones a los granos, las obras necesarias para evitar las inundaciones cuestan menos de mil". "¿Por qué no las hicieron si les sobraba la plata? Esto denota falta de interés en mejorar la calidad de vida de los argentinos. Lo único que les preocupa es perpetuarse en el poder", analizó el ruralista. El sector agropecuario es uno de los más afectados por las lluvias y la crecida de los ríos. En los últimos días fue responsabilizado por algunos funcionarios del gobierno como causante de las inundaciones debido al sistema de siembra directa que aplican en los campos. A través de un comunicado de prensa, la Asociación Argentina de Productores de Siembra negó enérgicamente la versión. "Es un mito", resumieron.