En lo que fue interpretado como una respuesta a la presidenta Cristina Fernández, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, afirmó que los jueces "deben poner límites" a los otros poderes y "no ceder a las presiones", pidió que no se critique las sentencias "deslegitimando" al magistrado y exhortó a un debate democrático.

En la apertura del Año Judicial, Lorenzetti sostuvo que "es tiempo de terminar con la impunidad", pidió "respeto a las instituciones" y reclamó que "no hagamos disputas de poderes" porque “las víctimas no esperan que nos echemos la culpa los unos a los otros, esperan una actitud más adulta”.

Durante un extenso discurso en el Palacio de Tribunales, donde exhortó a la cooperación entre los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, el titular de la Corte convocó a "cambiar" la forma de gobernar basada en una "concentración decisional" y pasar de un "modo concentrado" al "modo descentralizado".

Advirtió que "no toleraremos ninguna acción extrema que ponga en riesgo el Estado de Derecho", subrayó que la Corte "es republicana y por eso sostenemos que el Poder Judicial debe ser independiente" y llamó a "respetar" tanto al ámbito judicial como al Congreso y también a "la institución Presidencial". "Preservar la democracia es algo demasiado importante como para dejarla en manos del odio, de la división, del egoísmos, y del miedo", acotó.

El titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, aseguró hoy que los "jueces no gobiernan, deben poner límites" y "no ceder a las presiones", al tiempo que cuestionó que se critiquen las sentencias "deslegitimando" al magistrado.

"Es bueno que las sentencias sean criticadas, por parte de funcionarios, ciudadanos o periodistas, eso enriquece. Pero muchas veces no criticamos el argumento, sino que deslegitimamos al emisor, diciendo que el juez no es independiente, que responde a tal o cual. Eso no es bueno en el debate democrático", sentenció.

Lorenzetti remarcó que "un juez nunca va a ser popular" porque los magistrados "deben seguir una línea imparcial, no buscando la aprobación de las mayorías momentáneas".

Al comienzo del discurso, el titular de la Corte replicó los cuestionamientos de la jefa del Estado por la falta de esclarecimiento en la voladura de la Embajada de Israel en 1992, que realizó durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

"Hubo una sentencia en 1999, muy anterior a la conformación de la corte actual. Esa sentencia determinó la materialidad y la imputabilidad del hecho. Encontró culpable a un grupo: Hezbollah. Esa sentencia está publicada y consentida por las partes. Nosotros no podemos, como tribunal, modificar el fallo, es cosa juzgada", aclaró.

También rechazó las críticas presidenciales contra la Corte por impulsar que se realizara primero el juicio por la “tragedia de Once” y se postergara el debate por el encubrimiento del atentado contra la AMIA.

Tras informar que “La Corte no puede indicarle a un tribunal qué causas va a llevar adelante”, el presidente del tribunal lamentó: “No es bueno que un tribunal oral tenga que decidir si lleva el juicio de la Amia o de Once. El problema es que los tribunales orales están saturados, muchas otras causas están demoradas”.

En ese contexto, devolvió la responsabilidad al Ejecutivo, al recordar que en 2010 se aprobó la creación de los tribunales orales federales números siete y ocho, “que hubieran solucionado estos problemas”.

También reclamó al Poder Ejecutivo "una profunda reforma en las fuerzas de seguridad" para que la justicia cuente "con una policía científica" abocada a la investigación criminal.

En momentos en que las pericias por el caso de la muerte de Alberto Nisman parecen retrasadas, el titular del Poder Judicial resaltó que "no tenemos a disposición" personal con capacidad técnica y equipos adecuados por lo que, dijo, ello obstaculiza muchas veces "condenar a los culpables".