La presidenta Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman fueron denunciados por el fiscal de la causa AMIA , Alberto Nisman, por haber realizado un supuesto acuerdo secreto con Irán a cambio de reestablecer relaciones comerciales.

El fiscal consideró que las evidencias demuestran que el plan dirigido a borrar a Irán del caso AMIA, desincriminando a los ex funcionarios iraníes acusados, tuvo su origen en la previa decisión de la presidenta de acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas de estado a estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de "petróleo por granos".

Para despejar el obstáculo, y he aquí lo delictivo, la presidenta ordenó desviar la investigación de la AMIA, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar "la inocencia de Irán".

Las pruebas colectadas permitieron afirmar, sin margen de duda, que -al menos, para llevar adelante este plan delictivo- el gobierno puso en marcha un canal de comunicación paralelo entre Argentina e Irán a fin de transmitir e instrumentar las ordenes emitidas por la Presidente y, de ese modo, alcanzar los objetivos ilícitos. Este canal clandestino, que operó como una diplomacia paralela.

El gobierno instaló y se valió de una diplomacia para-estatal, integrada -cuanto menos- por personal de la Secretaría de Inteligencia, por el Diputado Nacional Andrés Larroque, por los dirigentes Luis D'Elía y Fernando Esteche y por el referente comunitario y nexo local del régimen iraní, Jorge "Yussuf" Khalil. Estos canales para-estatales transmitieron continuamente mensajes que partían de Cristina Fernández, pasaban por Andrés Larroque y/o por personal de la Secretaría de Inteligencia, luego por Luis D´Elía, para llegar inmediatamente a Jorge "Yussuf" Khalil, y de allí eran enviados a las autoridades persas, tanto al Encargado de Negocios en Buenos Aires como a altos funcionarios de Teherán.

Y cada paso del plan, cada mensaje presidencial y cada avance, fue consultado y comunicado detallada y minuciosamente al prófugo Mohsen Rabbani, ex Agregado Cultural de la Embajada de Irán en Argentina para la época del atentado y cuyo poder decisorio, tanto en la comunidad iraní local como dentro del régimen, se ha mantenido incólumne hasta la fecha.

El personal de inteligencia involucrado en el caso manipuló pruebas, personas y participó activamente en la fabricación de la hipótesis falsa para desviar ilegalmente el curso de la causa judicial, desincriminar a los acusados iraníes y -al mismo tiempo- acusar falsamente a terceros inocentes, atribuyéndoles con pruebas fraguadas la responsabilidad por el atentado.