La presidenta Cristina Fernández designó a Sergio Leonardo Rodríguez, un ex funcionario kirchnerista, al frente de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas -organismo clave para investigar la corrupción y otros delitos contra la administración pública-, que estaba vacante desde marzo de 2009 cuando renunció Manuel Garrido tras acusar a Esteban Righi de recortar sus funciones, algo que el entonces procurador siempre negó.

El nombramiento de Rodríguez, abogado de 47 años, cuyo pliego fue cuestionado por los senadores nacionales Mario Cimadevilla y Gerardo Morales, quedó formalizado hoy en el Boletín Oficial mediante un decreto firmado por la Presidenta y el ministro de Justicia,

El pliego que estuvo bajo la mirada opositora fue enviado el 1° de agosto al Senado por la propia Cristina Kirchner para que Rodríguez ocupara el cargo vacante, que amenazaba con extenderse, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Además de Rodríguez, el Gobierno ocupó también vacantes en otras fiscalías. Nombró en la fiscalía N° 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital a Miguel Angel Palazzani; en la fiscalía N° 3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario a Federico Guillermo Reynares Solari; ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas a Carlos Martín Amad; en la fiscalía N° 5 ante los juzgados nacional de primera instancia del Trabajo en la Capital a Juan Manuel Domínguez; y en la fiscalía N° 4 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, Pablo Fernando Parenti.

Como fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial porteña fue nombrada Gabriela Fernanda Boquin; como fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, Abel Darío Córdoba; y como fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Adrián Jorge García Lois.

También fue designada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya, en Corrientes, la jueza Cristina Elizabeth Pozzer Penzo; y como juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, Mario Héctor Juárez Almaráz.

Desde un primer momento, Cimadevilla y Morales consideraron que la elección de Rodríguez surgió de un concurso con "arbitrariedades manifiestas" y "vicios graves de procedimiento" y que, por tanto, era nulo. En consecuencia, presentaron su impugnación a principios de octubre y solicitaron, además, a la Comisión de Acuerdos que antes de evaluar el pliego del candidato solicitara a la Procuración que les envíe las carpetas en las que se tramitaron los concursos 81 y 88 para llenar esa vacante, más un tercer concurso, el 89, para comparar las decisiones que se adoptaron ante planteos similares.