El fiscal federal Carlos Rívolo desestimó por "inexistencia de delito" la denuncia del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat contra un grupo de senadores opositores que anunciaron que no prestarán acuerdo para la designación del reemplazante de Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema que proponga el actual gobierno.

El fiscal dictaminó que "las bases sobre las que el denunciante apoya su acusación en este expediente son, fundamentalmente, cuestiones de índole ética y política y, por ende, en extremo opinables", al referirse a la presentación realizada luego de que varios senadores anticiparan que no iban a avalar al candidato que propusiera el Gobierno para ocupar la vacante que dejará Zaffaroni.

La desestimación por parte del fiscal pone al expediente a un paso del archivo, pues al no haber impulso del Ministerio Público ni tampoco querella (Barcesat es sólo denunciante), la causa no puede proseguir.

"No es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo sino que surge de un mecanismo republicano y democrático, establecido constitucionalmente, que da injerencia a los otros dos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y que tiene, incluso, una instancia de apertura a la ciudadanía para que se exprese", sostuvo Rívolo.

Barcesat había denunciado a los senadores de la oposición Juan Carlos Romero, Gerardo Morales , Carlos Reutemann, Fernando "Pino" Solanas , Diego Santilli , Gabriela Michetti, Ernesto Sanz y Luis Juez por el delito de sedición porque firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a no tratar ningún candidato para reemplazar a Zaffaroni que envíe el Gobierno.

La conducta anunciada por los senadores opositores "no pasa de ser una expresión política, una manifestación de una mera idea, que mal pude estar impidiendo lo que todavía no ocurrió, ni se intentó que ocurriera; es decir, la acusación no tiene vigencia", sostuvo Rívolo.

"La vacante del ministro aún no se ha producido y, por consiguiente, tampoco se han activado ninguno de los mecanismos institucionales previstos para decidir su reemplazo, supuesto que debería darse para que eventualmente tuviera sentido que se discutiera la virtualidad de semejante compromiso político, o de cualquier otra acción que realmente impidiera al Poder Ejecutivo elegir el candidato", concluyó el dictamen.