El día del Maestro , el área educativa de la provincia de Buenos Aires se convirtió en noticia por la reforma educativa que elimina los aplazos en la escuela primaria.

Lo que no había trascendido es que un día antes la legislatura bonaerense había sancionado un proyecto que permite que militantes sociales sean considerados docentes aunque no tengan título habilitante ni formación pedagógica oficial.

La denominada Ley de Incorporación de la Modalidad de Escuela Comunitaria al Sistema de Educación Formal beneficia a a los centros comunitarios y a quienes allí colaboran con el cuidado de chicos vulnerables de entre 45 días y 5 años. e esta manera, cuando se promulgue la norma, los establecimientos mencionados alcanzarán la jerarquía de "escuelas de nivel inicial" y quienes están al frente de los cursos con los menores serán considerados maestros, con todos sus derechos legales.

La iniciativa fue de la diputada kirchnerista Alicia Sánchez (pareja de Luis D'Elía), quien argumentó que era necesario "reconocer el valor y la dignidad del trabajo que mujeres y hombres sostienen cotidianamente en las instituciones comunitarias, motivadas con el único objetivo de promover la inclusión social a través de la educación".

El proyecto surgió -según se explicó- para dar una respuesta colectiva ante las necesidades formativas insatisfechas que, ante la ausencia de un Estado que aplicaba políticas neoliberales, obligaron a que muchas amas de casa, vecinos y militantes hicieran de maestros y trabajaran en el territorio provincial.

"La educación comunitaria se ocupa de todo, es una caja de resonancia porque es un lugar donde los vecinos van a pedir lo que les falta, ya sea vacunación, campañas de documentación; está en todo". "Con la ley, las maestras van a tener un reconocimiento como trabajadoras de la educación", destacó Sánchez.

El proyecto de ley aprobado sostiene que "la Dirección General de Cultura y Educación tendrá como objetivo garantizar el funcionamiento de las instituciones educativas comunitarias de nivel inicial, proporcionando a tal fin, la infraestructura necesaria para su funcionamiento".

Además indica que "el Poder Ejecutivo garantizará anualmente en la partida presupuestaria de la Dirección General de Cultura y Educación una partida específica destinada a las Instituciones Comunitarias de Nivel Inicial".