El juez federal Norberto Oyarbide fue apartado de una veintena de causas que llevaba en torno a la llamada mafia de los medicamentos y denunciado por sus superiores de la Cámara Federal penal porteña ante el Consejo de la Magistratura por graves irregularidades en el manejo de uno de esos expedientes.

La decisión fue tomada de manera unánime por la Sala II de ese tribunal, integrada por los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes anularon el sobreseimiento que Oyarbide había dictado este año en beneficio de los responsables financieros de la campaña electoral que en 2007 llevó a la Presidencia de la Nación a Cristina Fernández de Kirchner.

“Inexistente e ineficaz”, declaró el tribunal al fallo firmado por Oyarbide el 25 de marzo pasado en beneficio del ex superintendente de servicios de Salud Héctor Capaccioli, el ex miembro del directorio de Lotería Nacional Hernán Diez y el ex diputado porteño Sebastián Gramajo.

En ese fallo Oyarbide también había dictado el sobreseimiento del empresario del rubro de los medicamentos Jorge Brito, pero éste apeló a la Cámara porque se oponía a que le impusieran las “costas” (gastos) del proceso. Pretendía que de ello se hiciera cargo el querellante Laboratorios Abbott.

En la causa de los medicamentos, Oyarbide abrió un expediente paralelo en el que se investigaba un presunto lavado de dinero a partir de cuatro cheques a nombre de la firma Global Pharmacy por un total de 310 mil pesos que habrían terminado como aporte a la campaña de la actual Presidenta en 2007.

Inicialmente el juez procesó a todos ellos, luego la Cámara revocó esa decisión por “carente de fundamentación y autocontradictoria” en junio de 2011. Un año después, el presidente de la Cámara, Irurzun, dispuso que estos hechos debían investigarse en una causa abierta en el juzgado a cargo de Ariel Lijo.

El argumento era que Oyarbide debía abocarse a resolver la compleja causa principal. Parte de esta causa ya fue elevada a juicio, con imputados como el x sindicalista bancario Juan José Zanola y el empresario Néstor Lorenzo.

Sin embargo, Oyarbide siguió con la investigación sobre el financiamiento de la campaña y un año después, en abril de 2013, decretó la falta de mérito de los cuatro imputados, medida dejada sin efecto al mes siguiente por la Sala II.

“Es claro que a partir de lo resuelto por la Presidencia de esta Cámara el 9 de abril de 2012, el titular del Juzgado Federal N° 5 ya no debía intervenir en torno a los hechos descritos, que son ajenos al objeto del legajo bajo su dirección”, había dicho aquella vez la Sala II.

Pese a ello, Oyarbide (titular del juzgado 5) mantuvo la investigación y volvió a firmar este año otra resolución, en este caso la que dispuso el sobreseimiento de Capaccioli, Gramajo, Diez y Brito. Ahora la Cámara directamente lo apartó de todas las causas relacionadas con la “mafia de los medicamentos”, anuló la última decisión y lo denunció ante el Consejo de la Magistratura.

Los camaristas destacaron que Oyarbide ni siquiera había notificado al fiscal Eduardo Taiano, que impulsó la acción penal en la causa a cargo de Lijo, abierta y en trámite. “La entidad de la situación descrita impone apartar al titular del Juzgado Federal n° 5 de su intervención en el expediente principal y –como derivación de ello- de sus conexos” y denunciarlo ante el Consejo, dijeron los jueces.