La Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó seguir investigando a la presidente Cristina Fernández por la firma del decreto que selló el acuerdo YPF y Chevron. La mandataria está acusada de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa.

El tribunal resolvió anular el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien había considerado que no hubo delito alguno luego de la denuncia que presentaron los diputados del partido Nueva Izquierda por la firma del Decreto 929/2013.

Ese decreto fue el que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos y que, según expusieron los diputados en la denuncia, tuvo el fin de beneficiar a Chevron en la explotación del yacimiento Vaca Muerta.

Tras la denuncia, el fiscal había considerado que no hubo delito alguno. Su decisión fue primero anulada por la jueza María Servini de Cubría y ahora confirmada por la Cámara Federal. "El dictamen cuestionado no está motivado en la ley ni en la totalidad de las constancias incorporadas, impidiendo ello considerarlo una derivación razonada del derecho vigente con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa", sostuvo la Cámara.

"Existe una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado", advirtió el tribunal, en el escrito que lleva la firma de los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun. En su voto, el camarista Eduardo Farah se pronunció por mantener el dictamen del fiscal.