Los acreedores internacionales que están en conflicto con la Argentina buscan nuevas vías para tratar de cobrar su deuda.

Según el diario The Wall Street Journal, uno de los fondos buitre presentó un pedido a una Corte de Estados Unidos para que confisque empresas del empresario cercano a los Kirchner Lázaro Báez.

“Es el intento más reciente de NML Capital Ltd., fundada por el multimillonario estadounidense Paul Singer, en su caza de activos argentinos alrededor del mundo. NML trató en 2007 que los tribunales decomisaran el avión presidencial Tango 01, en 2012 que embargaran una fragata argentina en Ghana y recientemente presentó una demanda en California para impedir que Argentina lanzara un par de satélites al espacio”, detalla el diario estadounidense.

Y agrega que “los esfuerzos de NML se suman a un escándalo de corrupción que involucra a Báez y que ha sido una vergüenza para el gobierno de Fernández de Kirchner, a quien le quedan dos años en la presidencia. NML dice que los activos que presuntamente son propiedad de Báez, quien enfrenta una investigación por lavado de dinero en un tribunal argentino, podrían ser decomisados para saldar un pago de US$1.700 millones otorgado por una corte de Nueva York a favor de NML sobre los bonos soberanos argentinos”.

“Compartimos un interés común con el pueblo argentino en identificar y recuperar fondos estatales robados”, dice NML.

El año pasado, fiscales argentinos iniciaron una investigación después de que el programa de televisión Periodismo para Todos difundió declaraciones grabadas de presuntos socios de Báez en las que describieron un plan para sacar gran cantidad de dinero de Argentina y lavar alrededor de US$65.000 millones a través de una red de empresas dudosas en paraísos fiscales del mundo.

NML dice que "tiene razones para creer que la asociación ilícita entre Báez y el gobierno argentino puede haberle permitido al constructor ocultar decenas de millones de dólares en activos ahora ocultos alrededor del mundo".

Báez, quien aún no ha sido imputado de delito alguno, negó las acusaciones y dice que las demandas forman parte de una campaña para desacreditar al gobierno y obstaculizar las operaciones de Austral Construcciones S.A., su empresa bandera y gran receptora de cientos de millones de dólares en contratos públicos en Santa Cruz.