Un total de 10 mil personas se sumaron a la población carcelaria desde que Cristina Fernández asumió en diciembre de 2007.
La estadística llega hasta el 2012, primeros cinco años de su mandato.

Los presos ya llegan a 60 mil, según datos del Sistema Nacional de Ejecución Penal del Ministerio de Justicia.

El aumento de la cantidad de personas en prisión resultó incapaz de reducir la preocupación por la inseguridad.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner, la población carcelaria se mantuvo en poco más de 50 mil internos.

Con Kirchner hubo una suerte de amesetamiento, producto del crecimiento de la Argentina. Pero desde que tomó el bastón Cristina Kirchner, la tendencia cambió.

Pasó de 52.457 a 62.263 presos en un lustro.

Los jóvenes de entre 18 y 30 años conforman el 64% de la población carcelaria. Son, en total, más de 38 mil, es decir, más de la mitad de los que están entre los muros.

Al momento de ingresar, la mayoría de ellos tenía apenas el primario completo y ningún otro estudio. A los más vulnerables, que son los que se mantienen en las cárceles, les cuesta salir: no tienen abogados que puedan mover sus expedientes. Es por eso que la mitad de los presos –incluyendo otros rangos etarios– no tienen condena. Según un relevamiento publicado en el diario Perfil, los chicos de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan, o tienen una “changuita”, son 1,5 millones.

El Gobierno lanzó para proteger a esa franja etaria el plan Progresar, un subsidio de 600 pesos para incentivarlos. Sin embargo, de acuerdo con Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, hasta que no se combata en serio al narcotráfico ninguna política oficial será eficiente.

“A los pibes les resulta más rentable vender droga en el barrio que trabajar o estudiar”, señaló.

Arroyo alertó que “es cada vez más fácil conseguir armas, por eso los asaltos son cada vez más violentos”.

El delito más cometido en la provincia de Buenos Aires y el interior del país es robo agravado por el uso de armas, según los registros.

El titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba, describió que "en una villa, el pibe que estudia cada vez que sale o entra tiene que mostrar el documento; a veces son demorados por averiguación de antecedentes, y a veces quedan detenidos. Y terminan dejando el estudio o incluso un trabajo".