El ministro de Economía, Axel Kicillof, buscó dejarles en claro a los senadores que en el acuerdo para indemnizar a Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF no hubo concesiones, y así sentenció, que en el acuerdo “no hubo vencedores ni vencidos”

“La estamos pagando en cuotas. Y no en 6 ni 12, sino hasta el año 2033”, resaltó también el ministro, apuntando así a las críticas que recibió el acuerdo por parte de la oposición por el hecho de que los entre u$s 5.000 millones y u$s 6.000 millones que la Argentina le dará a Repsol en títulos públicos implicarán pagos por más de u$s 10.000 millones a lo largo del tiempo (sumando capital de deuda más intereses). “A los que vienen les van a quedar cuotas, intereses y amortizaciones a pagar. Pero también una empresa que es fehacientemente del Estado”, agregó.

Kicillof expone ante un plenario de comisiones de la Cámara alta antes de que el kirchnerismo le dé dictamen al acuerdo con Repsol para que el mismo reciba la media sanción del Senado. Así como la expropiación del 51% de las acciones que tenía Repsol fue aprobada por ley, el arreglo por el pago a la española también necesita el visto bueno del Congreso. Al menos en principio, el kirchnerismo no corre ningún riesgo de un revés legislativo.

Antes que el ministro expuso el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, cuya exposición fue dominada por las lágrimas que derramó al contar la historia de un trabajador de YPF. A diferencia de lo que luego expondría Kicillof, para Zannini fue Repsol la que cedió al aceptar la oferta del Gobierno argentino.

Entre otras cosas, el secretario de Legal y Técnica reconoció que las negociaciones comenzaron a fines de 2012 en forma confidencial, que la Argentina le ofreció a Repsol la exploración conjunta en Vaca Muerta pero los españoles "bombardearon" esa posibilidad y que, en esos diálogos, los españoles “nunca” creyeron en la posibilidad de un pago en efectivo.

Zannini también se defendió de la acusación de haber negociado el acuerdo con Repsol sin que se hiciera pública la valuación de YPF por parte del Tribunal de Tasaciones. Según sostuvo, el Gobierno no quería atarse a dejar depositado ese dinero (algo a lo que habría estado obligado por la expropiación) mientras negociaba con Repsol.