La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) ratificó el paro nacional dispuesto para el próximo miércoles 12, en el marco de un plan de lucha que incluye una movilización a Plaza de Mayo en reclamo por incrementos del 35% para las paritarias.

Pedirán el pago de un plus salarial de 3.000 pesos, según consignó la central a través de un comunicado donde, además, exigen "salario mínimo de 8.500 pesos, jubilaciones y planes sociales igual al salario mínimo y eliminación del impuesto a las ganancias a los trabajadores", entre otros ítems.

En la medida de fuerza, que coincidirá con un alto en las actividades convocado por los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, también se le pedirá al Gobierno la "prohibición de despidos y suspensiones" y derogar "la ley antiterrorista".

Los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires realizarán un paro de 48 horas a partir de miércoles para sostener sus reclamos de mejoras salariales y en rechazo "a una conciliación obligatoria arbitraria e inconstitucional" dictada por el Gobierno.

Esa será la segunda huelga del mes que los empleados afiliados en ATE bonaerense realizarán contra la gestión de Daniel Scioli y que contará, además, con jornadas de movilización y asambleas a partir del lunes.

Oscar de Isasi, secretario general de ATE provincial, explicó que se resolvió "un paro de 48 horas contra el ajuste, por paritarias sin techo y políticas sociales inclusivas".

Ante la nueva reunión paritaria para el lunes, De Isasi dijo: "Esperamos que el Gobierno haga una oferta salarial razonable y muy superior, porque sino el conflicto se va a intensificar".

Por su parte, los docentes bonaerenses de SUTEBA ratificaron el paro de 48 horas convocado desde el lunes junto con la FEB, y solicitaron al Gobierno provincial actuar con "absoluta responsabilidad y celeridad para resolver el conflicto", en el marco de la reunión paritaria convocada para el martes.

El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, justificó la extensión de la huelga iniciada el miércoles de la semana pasada, que impidió el comienzo del actual ciclo lectivo: "La idea es poder generar la presión necesaria ahora para que el conflicto se resuelva inmediatamente", remarcó.