El descrédito que tuvieron las manipuladas estadísticas del Indec salpicó al nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPC-Nu), y aunque contó con el aval del FMI y tuvo un buen recibimiento en los mercados, la suba de precios de 3,7% medida en enero no logró generar la misma percepción.

Entre la mayoría de los habitantes del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires: el 79,6% de los encuestados por la consultora Raúl Aragón & Asociados aseguró que no cree que los aumentos en el costo de vida hayan sido similares a los que relevó el organismo estatal. Apenas el 14,7% dijo pensar que la cifra era adecuada y un escaso 5,7% evitó expresarse al respecto.

Todos los estudios coinciden en señalar que el apoyo al gobierno nacional es menor entre los sectores de mayor nivel socioeconómico. Pero fue entre ellos que el IPC-NU tuvo un mayor respaldo en esta ocasión. "Ese 14,7% es casi todo de nivel educativo medio, medio-alto y alto. Es el sector más educado que comprende y se informa mejor acerca de qué mide el índice de precios", explicó Raúl Aragón

El consultor aclaró que el resultado de la encuesta no arroja que "no se le cree al nuevo IPC", sino que "no se le cree al número que relevó". "Cuando el Indec dice que la inflación es de 3,7% está muy cerca de lo real. Hay una diferencia con el índice del Congreso, que incorpora el componente del transporte y el índice del Indec no. Si al índice del Congreso le sacás el transporte te da casi igual que el número que publica el Indec. Lo que ocurre es que la experiencia (de la inflación) es mucho más fuerte en el público en general que lo que se mide con una metodología que yo esta vez creo adecuada", detalló.

Por primera vez, además, la política económica del gobierno nacional fue señalada como la principal responsable del alza generalizada de precios. Raúl Aragón & Asociados realizó estudios en tres ocasiones para conocer a quién consideraba la sociedad como causante de la inflación.

Tanto en el análisis realizado en el 2011 como en el que fue hecho en el 2006, cuando se produjeron las primeras subas de importancia, las empresas quedaron al tope del ranking, con entre el 35% y el 40% de los votos. Muy por detrás se ubicó en ambos casos el Poder Ejecutivo, con un porcentaje que oscilaba entre el 18% y el 22 por ciento.

Esta vez, la tendencia se vio invertida: el 42,6% de las personas relevadas consideró que la administración de Cristina Kirchner es la principal responsable por los incrementos. Detrás quedó el empresariado, con el 19,4 por ciento. Muy lejos, con apenas el 2,5 por ciento, se ubicaron los sindicalistas y sus reclamos salariales. El 29,5% optó por señalar que todos esos actores son responsables por la situación.

El sondeo fue realizado entre el lunes 17 y el sábado 22 de febrero en el área metropolitana de Buenos Aires. Para el estudio se tomaron 1.200 casos aleatorios de personas mayores de 18 años distribuidas por género, rango de edad y nivel socioeconómico.

El estudio preguntó también qué aumento creían los encuestados que deben tener los salarios para el año que comienza. El resultado fue dispar. El 17,8% consideró que los incrementos tienen que estar entre el 20% y el 25 por ciento.

El 22,5% sugirió en cambio que el alza debe ser del 50% o más. Pero el pedido por subas de entre el 30% y el 40% fue la tendencia más marcada del relevamiento, ya que recibió el voto del 33,5 por ciento. Una vez más, la respuesta elegida tuvo un correlato con el nivel socioeconómico del encuestado, ya que fueron "los estratos de menor poder adquisitivo los que pidieron mayores aumentos", explicó Aragón.