El ministro de Economía, Axel Kicillof, volvió a defender este miércoles el acuerdo alcanzado por el Gobierno con Repsol para indemnizar a la petrolera española por las acciones de YPF que le arrebató hace casi dos años.

El funcionario consideró sobre el estado de la economía argentina que "hay dolores de crecimiento" y aseguró: "No me fijé si la AFIP me deja comprar dólares".

Admitió que se analiza una modificación de los subsidios a los servicios básicos y confió en mantener el nivel de reservas en el Banco Central gracias al superávit comercial.

Al referirse al acuerdo con Repsol, Kicillof afirmó: "Para el país, no es lo mismo pagar en efectivo, que pagar en cuotas con intereses".

La Casa Rosada y la empresa española anunciaron un acuerdo que incluye la entrega de bonos soberanos por un máximo de 6000 millones de dólares, lo que implica un incremento respecto de los 5000 millones establecidos en el preacuerdo presentado en noviembre. Ese plus se incluyó para cubrir a Repsol de los descuentos que sufren en los mercados los títulos de la deuda pública argentina: la petrolera española se aseguró que le entrarán en caja los 5000 millones de dólares establecidos como compensación por el 51% de su participación en YPF.

"Pagaste en cuotas con intereses. Saliste ganando"

La ingeniería del acuerdo contempla la entrega de cuatro tipos de bonos, con rentabilidad en dólares que va de 7 a 8,75% y que el Estado empezará a pagar el año próximo, al filo del recambio de gobierno, y saldará del todo dentro de 20 años.

"En vez de pagar en efectivo, pagaste en cuotas con intereses. Saliste ganando", apuntó Kicillof.

Además, el funcionario negó que la firma del convenio con Repsol fuese "una contradicción" con la postura inicial que había tomado el Gobierno por la estatización de la petrolera. "Yo nunca dije que no le íbamos a pagar a Repsol. Lo que dije es que no le íbamos a pagar lo que ellos pedían", aseguró el titular del Palacio de Hacienda, respecto de aquella frase que lanzó durante un tenso debate en el Senado por la presentación del proyecto de ley para expropiar la mayor parte de las acciones de la empresa española.