El año judicial empezó con una muy mala noticia para Amado Boudou: después de dos años de una investigación que tiene en vilo al vicepresidente, el fiscal del caso Ciccone preparó un pedido de indagatoria en su contra y planea presentarlo este jueves.

El borrador que terminó de redactar Jorge Di Lello no sólo alcanza al vicepresidente. También le solicita al juez Ariel Lijo que cite como acusado al jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. En ambos casos, c omo presuntos autores del delito de "negociaciones incompatibles" con sus cargos de funcionarios.

El argumento del fiscal es que Boudou, cuando era ministro de Economía, "se interesó" indebidamente en el trámite del levantamiento de la quiebra de la ex imprenta Ciccone Calcográfica. No lo acusará de haber sido su dueño en las sombras, pero sí de haber intervenido en el plan ideado para salvar a la empresa y para contratar después desde el Estado la fabricación de billetes.

En cuanto a Echegaray, la acusación en su contra consiste en haberle dado un trato impositivo preferencial a la nueva Ciccone.

Boudou ya sabe que hoy pedirán su citación. Lo llamaron sus abogados ayer. Eduardo Durañona, uno de ellos, había estado por la mañana en la fiscalía. Más de media hora, en una reunión a puertas cerradas.

Una vez que el escrito esté presentado, el juez decidirá si hace lugar a las citaciones. La lista de los candidatos a ser indagados que preparó la fiscalía incluye también a otras nueve personas; entre ellas, Nicolás Ciccone, el fundador de la imprenta, y dos yernos suyos; el socio de Boudou José María Núñez Carmona, y el supuesto testaferro del vicepresidente, Alejando Vandenbroele.

Lijo no tiene plazo para contestarle al fiscal; ni siquiera tiene la obligación de hacerlo. "Vamos a leer el escrito que presente y después estudiaremos la situación", dijo, sin ningún ánimo revelador, una fuente del juzgado.

Este escrito no responde al plan que había diseñado el juez para la causa. Lijo tiene ordenada una serie de declaraciones de testigos que termina en mayo. No planeaba llamar a los acusados todavía. Es posible que su cronograma se vea alterado por esta presentación, pero nadie imagina una indagatoria del vicepresidente de urgencia. Mucho menos de Echegaray, que para el juez tiene carácter de testigo, no de acusado; lo mismo que los Ciccone.

El pedido de indagatoria golpea al vicepresidente en su costado más débil. Esta causa, que lo tiene amenazado desde hace dos años, no sólo limitó su proyección política y frustró sus aspiraciones de suceder a la Presidenta; fue determinante para que lo relegaran de la toma de decisiones y quedara limitado a una función poco más que protocolar.