El fantasma de la crisis con las policías provinciales que desataron los saqueos en diciembre pasado sumó en las última horas un nuevo capítulo, cuando el vicegobernador de Chaco a cargo del Ejecutivo local, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri tomaron la decisión de neutralizar los incrementos a los uniformados rubricado en el mes de diciembre luego de la ola de protestas que sacudió al país.

Los mandatarios apelaron al argumento del gobierno nacional de cuestionar la legalidad de los aumentos, ya que fueron obtenidos en virtud de la presión de las armas. Entonces, los acuartelamientos policiales concluidos el 9 y 10 de diciembre últimos produjeron una ola de saqueos en 20 distritos, que dejaron un saldo de 14 muertos y decenas de heridos.

En Entre Ríos, la determinación de Urribarri se basó en que el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García, sostuvo públicamente que el acta está "viciada de nulidad porque fue firmada bajo extorsión". El mismo lineamiento lo siguió el ministro de Gobierno, Adán Bahl, que tiene bajo su mando a los efectivos, al afirmar que "aunque el acuerdo lleve la firma del gboernador, del Papa y de diez escribanos, es nula".

Sin embargo, no será fácil que esta decisión política pase sin turbulencias. Hay malestar entre las fuerzas entrerrianas: anoche manifestaron su desacuerdo con una concentración en la plaza principal de Concordia. De acuerdo a lo firmado por Urribarri, el sueldo mínimo iba a incrementarse a 8434

pesos de bolsillo.

Por su parte, el gobernador chaqueño en funciones señaló que no abonará lo acordado debido a que el presupuesto local no lo permite y a que "no aceptará el acuerdo bajo presión". De esta manera, Bacillef Ivanoff redujo el acuerdo de llevar un sueldo mínimo de 8000 pesos a 6000 para los agentes.

"En el Chaco son nulos los acuerdos. Yo hice la denuncia en la Procuración y en la Justicia para que se investiguen los hechos (de la revuelta policial). Hay más de 300 personas citadas por los acontecimientos. La mayoría de los que protestaron eran suboficiales y puede ser que sean imputados por el delito de sedición", sostuvo el mandatario.

En tanto, Catamarca y Neuquén debieron negociar finalmente las pretensiones de los efectivos y

adecuarlas a la pauta salarial de 2014.

La marcha atrás en las subas se inscriben luego de que los distritos y la Nación oficializaran la refinanciación de las deudas provinciales, que totalizan 75.000 millones de pesos con revisiones trimestrales y una quita de 11.000 millones para el año próximo.

En el resto de las provincias donde se desencadenaron conflictos policiales no parece haber un escenario de marcha atrás a los aumentos, aunque algunos gobernadores están preocupados por la ampliación de las subas salariales de los policías al resto de los estatales.

Al momento, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, y La Pampa ratificaron que cumplirán los incrementos.