La Justicia allanó hoy las oficinas porteñas de Austral Construcciones, del empresario kirchnerista Lázaro Báez, a raíz de una causa por evasión tributaria y lavado de dinero. La medida fue ordenada por el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, por una denuncia impulsada por la legisladora Elisa Carrió.

En este escenario, Lázaro Báez se autodenunció en los tribunales de Santa Cruz tras desmentir las acusaciones en su contra, y ahora la jueza federal subrogante de Río Gallegos Andrea Azkenazi Vera tiene que resolver si hace lugar a una medida cautelar para evitar que se difunda información sobre las empresas de Báez. López Biscayart ordenó que la Policía Federal hiciera un procedimiento en las oficinas del empresario, en el quinto piso del pasaje Carabelas 241 de esta ciudad, y en otra sede de la firma ubicada a pocos metros de allí.

El juez también solicitó a la AFIP el listado de las empresas atribuidas a Lázaro Báez. Carrió y el diputado Fernando Sánchez habían radicado la denuncia a raíz de la información aparecida en el diario La Nación en donde se sostuvo que Báez le pagó casi 3,2 millones de pesos a los Kirchner en concepto de "alquiler" del hotel Alto Calafate, en el marco de acuerdos confidenciales.

El pacto había alcanzado también a otros dos hoteles: la hostería Las Dunas y el hotel Los Sauces; y que entre 2010 y 2011, el matrimonio Kirchner recibió más de $ 14,5 millones de Valle Mitre , la sociedad que gerencia sus hoteles y que controla Lázaro Báez, beneficiario de la obra pública en la Patagonia.

La denuncia presentada por la Coalición Cívica por "lavado de dinero y evasión tributaria" recayó en el juzgado de López Biscayart, el mismo magistrado que tuvo en sus manos la primera parte de la investigación por la causa Skanska, el primer escándalo de supuesta corrupción que se conoció en el gobierno de Néstor Kirchner.