Lázaro Báez está más preocupado por la difusión de información que lo compromete que por el delito que podría implicar.
Así se deduce de la presentación realizada por su abogado Juan Pablo Gregori, en la cual sostiene que en las notas publicadas por La Nación "se hace referencia a registros contables a los que sólo puede haberse tenido acceso en el contexto de una verificación impositiva o que obran en poder del organismo recaudador".

"Nótese, a modo de ejemplo, que se hace referencia a la cantidad de empleados con que cuentan ciertas empresas que han contratado con Valle Mitre S.A., siendo que esa información sólo puede haber sido obtenida de los formularios 931 que mensualmente cada una de esas empresas debe presentar ante la AFIP", agrega el escrito.

Sostiene que "por imperio de resoluciones de la AFIP, Valle Mitre S.A. debe cumplir con rigurosas recopilaciones de datos que son almacenados electrónicamente y puestos a disposición del organismo fiscal, de modo que sólo en el organismo recaudador puede encontrarse información con el nivel de detalle y apertura como el que puede apreciarse en las notas periodísticas".

En un tiro por elevación al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, el defensor de Báez dijo que se podría estar en presencia “de la comisión del delito previsto en el art. 157 del Código Penal, en función del art. 101 de la Ley 11.683, y/o del delito previsto en el art. 14 de la Ley 25.246”.

El artículo 157 establece penas de hasta dos años de prisión y hasta cuatro de inhabilitación para los funcionarios que revelen “hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”.

Pero Báez también pareció apuntar a la UIF. El abogado de Báez afirmó que “tampoco se puede descartar, a esta altura, que la información, o al menos parte de ella, haya sido obtenida como consecuencia de conductas, también indebidas, de funcionarios de la UIF”. Gregori planteó que “no se puede descartar por ahora que para la obtención de la información confidencial, se haya recurrido al pago de sobornos a funcionarios públicos”.