El llamado a reforma constitucional desató un fuerte conflicto y causó la destitución de legisladores opositores que amenazan con un Congreso paralelo
Ecuador vive un estado de conflicto preocupante.
En el marco del caos, existe la posibilidad de que se creen legislaturas rivales: una favorable al gobierno y otra antioficialista, cada una de las cuales dice ser constitucionalmente legítima.
La crisis institucional, que enfrenta a los principales poderes del gobierno, pone en evidencia la fragilidad de la democracia en Ecuador, uno de los países más políticamente inestables de Sudamérica.
Un cuerpo legislativo, integrado por legisladores que respaldan al presidente Rafael Correa, se reunió ayer, muy custodiado, en el Congreso. Pero se espera que el otro cuerpo, que incluye a los 57 legisladores de la oposición que fueron destituidos tras una pelea con el Poder Judicial, intente reunirse también.
Sin embargo, Jorge Cevallos, el presidente del Congreso, que parece haber dejado atrás su lealtad al opositor partido Prian, dijo que si los miembros expulsados "se reúnen en otra parte, será un cuerpo ilegítimo, porque esos legisladores fueron sancionados legalmente".
La situación deriva de los resultados de las elecciones del año pasado, que le dieron la presidencia a Correa, un político de izquierda que busca una amplia reforma, pero el control del Congreso a sus rivales.
Correa convocó a un referéndum para el 15 de abril, para decidir si se elige o no una asamblea para modificar la Constitución. Este mes la legislatura trató de demorar esos comicios echando al titular del Tribunal Electoral, pero el tribunal consideró que la medida era ilegal y destituyó a los 57 congresistas que la apoyaron.
Si la oposición sigue adelante con la creación de un cuerpo legislativo rival, el país quedaría con dos Congresos que pueden reclamar legitimidad electoral y tienen un quórum de por lo menos 51 miembros.
Los políticos opositores se negaron a delinear su estrategia, porque dicen que temen ser atacados por activistas progubernamentales. La semana pasada trataron de recuperar sus bancas pero el intento terminó en forma violenta y esta vez el gobierno instaló cerca de 1.450 policías fuera del edificio del Congreso.