El ministro de Justicia apuntó a fuerzas políticas y a concejales del massismo de alentar los saqueos. Harán una presentación judicial
El ministro de Justicia, Julio Alak, y su secretario, Julián Álvarez, brindaron una conferencia de prensa, donde hablaron de un complot armado desde las redes sociales para desestabilizar y propiciar saqueos, y además, apuntaron a organizaciones políticas de estar detrás de estos hechos.
Álvarez aseguró que el Ministerio de Justicia va a coordinar acciones con los ministerios públicos, para realizar investigaciones de los hechos ocurridos los últimos días.
"Estas páginas de Facebook que convocan a organizar saqueos, genera un clima de desestabilización y se encuentran incentivadas por distintos sectores políticos, a días del festejo por los 30 años de la democracia", afirmó Álvarez.
Y responsabilizó directamente a Salvador Baratta, del Frente Renovador: "Este concejal del massismo, que se encuentra manifestándose en los medios de comunicación a los efectos de advertir que si no se cumplen con las solicitudes va a haber saqueos, es un ex jefe de la policía vinculado con los terribles hechos que dieron con la muerte de Kosteki y Santillán, es un referente de la 'maldita policía'".
El secretario y miembro de La Cámpora aseguró que Baratta "en lugar de llamar a la paz, siendo concejal del FR, lo hace para extorsionar a los gobiernos provinciales y nacional, diciendo que si no se hace lugar a los reclamos va a pasar lo que pasó en Córdoba".
Por su parte, el ministro Alak señaló las protestas de las fuerzas de seguridad: "Van en contra de la ley de las fuerzas, porque la seguridad es un servicio público esencial, que significa que ningún ciudadano puede ser privado de ella".
Y señaló que "la Justicia va a actuar con toda firmeza ante quienes tienen que prestar ese servicio esencial y no lo están cumpliendo".
Además, Alak adelantó que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y su par de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, pondrán a disposición a todos los fiscales de todas las áreas para iniciar las acciones correspondientes contra quienes promuevan los saqueos y contra los uniformados.