La historia comenzó 1 de marzo de 2009 cuando la presidenta Cristina Fernández anunció ante la Asamblea Legislativa el envío al Congreso de un proyecto para sustituir el Decreto/Ley 22.285 de Radiodifusión, creada por la dictadura militar en 1980.

El 10 de octubre de ese mismo año,
el Senado la aprobó con una votación de 44 a favor y en 24 en contra. Pero al poco tiempo comenzaron los reclamos del Grupo Clarín y una serie de medidas cautelares.

El 26 de octubre Clarín fue a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad de los artículos 41 y 161 de la Ley. El 15 de diciembre el juez Edmundo Carbone dictó una medida cautelar a favor del Grupo en la que dejó sin efecto la aplicación de los artículos 41 y 161, y en suspenso la obligación de desprenderse de algunas licencias para adecuarse a la norma, que debía realizarse a un año de su promulgación.

El 14 de mayo de 2010, luego de que el Gobierno apelara al fallo del juez Carbone, la Cámara Civil y Comercial Federal mantuvo vigente la medida cautelar para el artículo 161, y revocó la suspensión del artículo 41 que había dispuesto Carbone. Sin embargo, el Estado interpuso un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, pero el mismo fue desestimado.

7D. La dilatación de la medida cautelar hizo que el 22 Mayo de 2012, la Corte Suprema pongael 7 de diciembre de ese mismo año como límite a la cautelar presentada por el Grupo Clarín, aunque admitió que la misma podía prorrogarse. Ante la cercanía de la fecha, el Grupo Clarín volvió a pedir una medida cautelar, pero la Corte declaró "inadmisible" esa solicitud.

Un día antes del 7D, los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal extienden el recurso que beneficia a Clarín "hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa".

El 14 de diciembre el juez federal a cargo del Juzgado 1 en lo Civil y Comercial, Horacio Alfonso, declaró constitucionales los artículos de la Ley que habían sido cuestionados por el Grupo Clarín. Tres días después, el multimedios apeló el fallo del juez Alfonso y la causa llegó a la Cámara, que repuso la medida cautelar.

Procaduría. Ya en 2013, el 2 de julio, la Corte giró la causa para que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, opine sobre la declaración de inconstitucionalidad parcial decretada por la Cámara Civil y Comercial Federal. 10 días después Gils Carbó se pronunció a favor de la constitucionalidad de la ley y aconsejó a la Corte que revoque el fallo de la Cámara Civil y Comercial (artículos 45 y 161) por "evidenciar graves defectos de fundamentación y razonamiento que impiden considerarla como acto jurisdiccional válido".

Por último, el 28 y 29 de agosto, la Corte Suprema de Justicia se realizó una audiencia pública donde se escucharon los argumentos de las partes tanto del Estado como los del Grupo Clarín. Ahora, 4 años después de aprobada, la Corte falló en favor de la constitucionalidad.