La Corte Suprema de Justicia se convirtió este miércoles en el escenario de un debate político y legal caliente: la discusión por la validez de cuatro artículos de la ley de servicios de comunicación audiovisual, en el paso previo a uan decisión que tomará el alto tribunal sobre este tema que se tensiona la relación entre el Gobierno y el Grupo Clarín.

El máximo tribunal recibió a diez representantes, cinco por el Estado y cinco por el Grupo Clarín, en una audiencia pública. donde cada uno expone sobre sus posturas que respaldan con sus exposiciones el argumento del Estado o avalan el planteo de inconstitucionalidad del holding de medios.

La audiencia pública, que continuará mañana, es un paso previo a la resolución definitiva del conflicto generado a partir del planteo de inconstitucionalidad del Grupo Clarín sobre dos artículos de la ley de medios, sancionada hace casi cuatro años.

En el cuarto piso del edificio de Tribunales se escucharon las exposiciones de los diez amicus curiae (amigos de la Corte), que son terceros que supuestamente no tienen parte directa en el litigio. El jueves será el turno de las partes para dar sus argumentos.

La ley en discusión fue aprobada en el 2009 por el Congreso y el litigio llegó a la Corte luego de que la Sala I de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal avalara presentaciones contrapuestas realizadas por el Estado nacional, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Cablevisión SA y el Grupo Clarín.

La apelación del Gobierno respondía a que los camaristas habían declarado inconstitucional una parte del artículo 45, en los puntos que limitan la multiplicidad de licencias de televisión por cable, al tiempo que fallaron contra el segundo párrafo del artículo 48, que sostiene que la propiedad de las licencias "no podrá alegarse como derecho adquirido".

Sin embargo, el Grupo Clarín también apeló porque la Cámara declaró constitucionales otros artículos: el que restringe la transferencia de licencias (41); y el plazo de desinversión de un año -ya excedido- para grupos que superen el tope de la norma (161).

Para el cierre de la primera jornada está previsto la exposición la exposición de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.