El caso de la desaparición del testigo Julio López llegará a los Estados Unidos y será discutido en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

La audiencia, prevista para esta mañana, fue pedida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y concedida por el organismo, en el marco del seguimiento que realiza de las políticas de derechos humanos que lleva adelante el Estado argentino y que controla de manera periódica.

Es decir, que no se solicitó, en particular, para tratar el caso del albañil que testificó contra el represor Miguel Etchecolatz y cuyo paradero se desconoce hace 157 días, sino que el caso será mencionado para ilustrar la situación que atraviesa el país en materia de derechos humanos.

Así lo explicó el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier.

Indicó que, sobre la situación del albañil de 77 años, desaparecido desde el 18 de septiembre del año pasado, plantearán a los miembros de la Comisión que "no hay información" sobre su paradero" y destacarán que su desaparición "demuestra que hay un problema de las agencias policiales y de investigación" que impide resolver el caso.

Añadirán que las fuerzas de seguridad encargadas de la investigación "no son confiables y son estructuralmente insuficientes". Plantearán además la posible relación de los miembros de esas instituciones con las personas que deben ser investigadas para resolver, no sólo el caso López, sino también los crímenes de la dictadura.

El directivo del CELS sostuvo que "el objetivo mayor" de la audiencia, que durará una hora, es "darle visibilidad" al tema López, y sobre todo, solicitarle a la CIDH que "respalde el proceso de justicia" que se inició en la Argentina a partir de la anulación de las leyes del perdón y la reapertura de las causas contra los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

En particular, pedirán ayuda y asesoramiento a la Comisión para que apoye técnicamente al Estado en la difícil tarea de garantizar la protección de los testigos que deben declarar en esas causas y a los abogados, fiscales y otros funcionarios involucrados en ellas.

De todas maneras, Chillier aclaró: "No es una audiencia para discutir exclusivamente el tema Lopez. La CIDH hace un seguimiento del informe que elaboró en 1992, en el que, entre otras cosas criticaba la vigencia de las leyes de obediencia debida y punto final".