Con la novedad de que deja abierta la puerta para una reapertura del canje de deuda si la Justicia de Estados Unidos lo pide, pero en términos inferiores al cierre del llamado de 2010, el gobierno argentino apeló ante la Cámara de Nueva York solicitando la suspensión del fallo del juez Thomas Griesa a favor de los fondos buitre y la aplicación de una cláusula de "no innovar", que le permita el pago de los u$s 3.500 millones el 15 de diciembre por el Cupón PBI.

Sobre la posibilidad de reabrir el canje, el mercado la tomó en serio, teniendo en cuenta que la administración de Cristina Fernández no tendría mayores inconvenientes en que el Congreso lo aprobara, ya que dispone de mayoría en ambas cámaras. Otra alternativa que podría barajar el gobierno en caso de obtener un fallo adverso, es llevar la pelea contra los fondos buitre a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, aunque antes sus presentaciones deberían ser desestimadas por la Corte Suprema de los EE.UU.

El estudio Cleary, Gotlieb, Steen and Hamilton -que le cuesta 1.500 dólares la hora a la Argentina- presentó ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York un pedido de emergencia para suspender la orden dictada en el fallo de Griesa.

La argumentación se basa en posibles deficiencias del fallo del juez Griesa al obligar a la Argentina a cumplir con el pago, y al hecho de que el juez federal de Nueva York carezca de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regía el procedimiento.

El gobierno argentino considera que de ser aceptado por la Cámara, todo lo actuado por Griesa sería nulo.

La Argentina solicita a la segunda instancia judicial norteamericana una medida de «stay» o «no innovar» hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar, lo cual, según el Gobierno, ya está en pleno trámite a partir de la solicitud de revisión al Plenario de Cámara que hizo el país la semana pasada.

El gobierno de Fernández planteó también la «inequidad manifiesta» de la fórmula propuesta por Griesa para llevar a la práctica la cláusula pari passu, que implica pagar a los fondos buitre que demandan a la Argentina el total de su reclamo y en una sola cuota el 15 de diciembre, unos 1.330 millones de dólares.

El gobierno criticó, además, en su escrito el supuesto avance de Griesa sobre la "soberanía" del Poder Legislativo argentino, el único que puede decidir sobre el tratamiento de la deuda, a juicio de la Casa Rosada.

También objetó el supuesto intento de amenazar el cumplimiento de los vencimientos de títulos públicos ya emitidos.

Entre ellos, el cupón en dólares que vence el 15 de diciembre por unos 3.500 millones de dólares, y sobre el cual Griesa exigió un pago de 1.330 millones para los fondos buitre. En la apelación se alertó, además, sobre los riesgos para los procesos de reestructuración de deuda soberana a nivel global, un tema que es seguido de cerca por países de la Unión Europea inmersos en una severa crisis, como Grecia.

Mientras esto se ventila en Manhattan, la Fragata Libertad permanece retenida en el puerto de Tema, en Ghana, desde el 2 de octubre último, por un pedido ante la Justicia del fondo especulativo NML Elliot, liderado por Paul Singer, el mismo que le está provocando un dolor de cabeza al gobierno argentino con su litigio en Nueva York.