El Grupo Clarín pidió citar como testigos a un grupo de periodistas que habrían propado versiones de que el multimedio busca "atentar contra la democracia", basadas en dichos de funcionarios, a los que acusó de "incitación a la violencia y coacción agravada".

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó que actuará en defensa de los periodistas.

El multimedio hizo la denuncia luego de que esos periodistas citaran declaraciones de funcionarios señalando que Clarín "atenta contra la democracia" y está "detrás" de supuestos boicots contra Cristina Kirchner.

La presentación se suma a la realizada el jueves último por el Grupo Clarín ante la Corte Suprema de Justicia, en la que pidió que se disponga la extensión de la medida cautelar sobre la Ley de medios que vence el 7 de diciembre.

La acción penal fue interpuesta por los abogados del Grupo el jueves pasado, cuando a través de un escrito de 35 páginas acusó por el supuesto delito de incitar "a la violencia colectiva" al ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini; y el titular de la Afsca, Martín Sabbatella.

El grupo de Héctor Magnetto abarcó en su denuncia a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, Edgardo Mocca y Orlando Barone, en calidad de "testigos".

Hugo Wortman Jofre, uno de los abogados patrocinantes de la denuncia de Clarín, argumentó que existe "un autor ideológico que está generando un mensaje demonizando al Grupo Clarín. Se empieza a decir que el grupo Clarín está detrás de reclamos de militares. Después aparecen funcionarios como el ministro de Justicia (Alak) que dice que Clarín presiona a jueces. Luego el secretario de Legal y Técnica (Zaninni) que dice que Clarín atenta contra la democracia. Luego el presidente de Afsca (Sabattella) sostiene que el grupo no cumple con la ley".

Es la primera vez que en democracia un medio de comunicación incolucra a periodistas en una denuncia de este tipo, lo cual refleja el grado de enfrentamiento al que llegaron el mayor multimedios de la Argentina y el gobierno.

Wortman Jofre sostuvo que "hay una demonización. Lo que nos convenció de que hay que presentarla es que se puso un deadline, un día D, el 7 de diciembre".

"Nombramos a los periodistas como propagadores", especificó el abogado y aclaró que Clarín se presentó como "denunciante". "Si hubiéramos querido una persecución nos hubiéramos presentado como querellantes. No estamos denunciando a estos periodistas por instigación al delito, lo que queremos es que vengan y expliquen quién les dijo que Clarín estaba detrás de los reclamos de Gendarmería".

Por su parte, el CELS dijo que asumirá la defensa de los periodistas. La decisión fue difundida por medio de un comunicado firmado por su presidente, Horacio Verbitsky; su secretario, Damián Loreti, y su director ejecutivo, Gastón Chillier.

La denuncia penal, que se tramita en la causa 12383/2012, recayó en el Juzgado Federal 9. En el mismo escrito, los abogados que representan al Grupo de Magnetto estimaron que "los hechos denunciados podrían encuadrar en la figura de coacción agravada", prevista en el artículo 149 bis del Código Penal.

El CELS consideró que "no es menos grave el amordazamiento de la libertad de expresión cuando lo intenta una poderosa empresa privada que si proviene del Estado".

"Para una y otro rige la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 13, exige el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión".

El escrito también señaló al jefe del bloque de legisladores porteños del FPV, Juan Cabandié, y al diputado nacional Edgardo Depetri.

La acusación incluyó además a "los integrantes de las agrupaciones de La Cámpora, el Frente Transversal y el Movimiento Evita".