En un capítulo más de una batalla interminable por la ley de Medios, el Grupo Clarín solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenir en la causa ante lo que calificó como una situación de "denegación de justicia", por la falta de jueces naturales en el fuero Civil y Comercial Federal, producto de las recusaciones del Gobierno. El grupo empresario argumentó “un ostensible estado de indefensión y privación de justicia” producto de las recusaciones de magistrados, excusaciones y renuncias "provocadas" por el Gobierno, lo cual "impide conformar el tribunal que debe resolver el pedido de extensión de la medida cautelar" que para el oficialismo vence el 7 de diciembre.

Este tribunal es la Sala I de la Cámara de apelaciones de ese fuero, pero sólo una magistrada en todo el fuero, María Susana Najurieta, quedó en condiciones de intervenir en el caso tras las recusaciones, excusaciones o renuncia de otros ocho magistrados de Cámara.

Este mismo tribunal también debe intervenir en las recusaciones y excusaciones, pero sólo tiene a Najurieta. El Grupo Clarín alegó ante la Corte Suprema no sólo estar ante un caso de “privación de justicia” sino también que la situación constituye una “violación al derecho al debido proceso” y “una violación de la defensa en juicio y de los derechos”.

“El Estado Nacional está actuando con deliberada mala fe para obstruir el normal funcionamiento del fuero e impedir el acceso a la justicia” del Grupo Clarín, dijo el holding presidido por Ernestina Herrera de Noble.

El Gobierno denunció penalmente a los jueces de este fuero y hasta el ministro de Justicia, Julio Alak, advirtió que todo juez que fallara a favor de Clarín sería denunciado y llevado a juicio político. En el escrito se recuerda que el Gobierno "intentó en más de una oportunidad pasar el caso al fuero en lo contencioso administrativo federal y que igual cantidad de veces fue rechazado el planteo por los jueces intervinientes de todas las instancias, incluso la propia Corte Suprema . Con lo cual de lograr que dos magistrados de ese fuero intervengan en la causa de la ley de medios, el Gobierno conseguiría su objetivo al margen de los procedimientos naturales de la justicia".

“La situación planteada es manifiestamente excepcional, en la medida que las vacancias que disparan el mecanismo previsto por ley no son fruto de renuncias, licencias o algún obstáculo objetivo o subjetivo insalvable”, expresa el escrito. Sostiene que la acusación es “consecuencia de una conducta deliberada, maliciosa e inadmisible del demandado (el Estado), quien ha objetado mediante argumentos insostenibles la imparcialidad de los jueces del mismo Estado federal que él integra. En tren de hacerlo los ha recusado o los ha presionado con denuncias administrativas o penales, forzando sus excusaciones y su temor”.