Las habituales cadenas nacionales en continuado de la presidenta Cristina Fernández terminaron siendo uno de los factores determinantes para que el juez federal de Nueva York Thomas Griesa decidiera que la Argentina le debe pagar U$S 1.330 millones a los fondos buitre.

Fernández había asegurado que la Argentina no le pagaría un solo dólar a los fondos especulativos, y en la misma línea se había expresado el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Ahora, Griesa tuvo en cuenta esas declaraciones para pronunciarse en forma adversa contra la Argentina, en una decidión que puede hacer caer al país en "default técnico".

En su fallo, Griesa sostuvo que "desde el momento de la decisión de la Cámara de Apelaciones del 26 de octubre, los más altos funcionarios de la Argentina han declarado que la Argentina pagará a los bonistas que entraron al canje pero que no pagaría un sólo dólar a los tenedores de títulos originales" que no ingresarom

"La presidenta Cristina Kirchner se pronunció de esa forma y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, declaró que a pesar de cualquier decisión judicial de cualquier jurisdicción, la Argentina no pagaría" a los llamados holdouts. Griesa relató que el 9 de noviembre pasado le preguntó al abogado que representa a la Argentina si los reportes de la prensa en tal sentido "eran correctos".

"En respuesta, el abogado pasó a otros temas, lo cual quiere decir que los reportes de la prensa no fueron negados", señaló el magistrado.

Griesa recordó que en esa audiencia destacó que la Argentina está sujeta a la jurisdicción de Nueva York, lo que el país "ha consentido" en este caso.

Incluso, el magistrado consideró que la Argentina "recibió lo que sin duda es un trato justo", ya que, según recordó, su posición "prevaleció en la mayoría de las cuestiones". "La Corte urgió (en esa oportunidad) a la Argentina a alejarse de estas mal aconsejadas amenazas en cuanto a desafiar las actuales decisiones judiciales", advirtió el juez en su fallo.

Y recordó haberle advertido al abogado de la Argentina que "cualquier desafío a las decisiones de las cortes no sólo sería ilegal, sino que representaría el peor tipo de irresponsabilidad en la relación con la Justicia".

"Eso no evitó que los más altos funcionarios argentinos que siguieron hasta ahora con sus inflamadas declaraciones acerca de que las decisiones de esta corte no serían obedecidas", señaló Griesa.

Sostuvo que las declaraciones de las autoridades argentinas "son una violación del párrafo 2" de un fallo del 5 de marzo pasado.

"En ese párrafo, se le prohíbe a la Argentina, durante la apelación, tomar cualquier acción que evada la orden del 23 de febrero de 2012", indico.

Griesa señaló que "podría argumentarse que las declaraciones de los altos funcionarios argentinos no constituye literalmente el tipo de ´acción´" que se prohíbe en esas decisiones judiciales.

"Seguramente una circunstancia extraordinaria de la más seria naturaleza surge de las continuas declaraciones de la Presidenta de Argentina e integrantes de su gabinete, en el sentido que el país no honrará o no llevará adelante las decisiones" que surjan de la corte en una causa "de la cual es parte". Con estos 'argumentos', el juez falló a favor de los "fondos buitre" y pretende obligar a la Argentina a pagarles unos 1.330 millones de dólares.

El fallo, de no ser acatado, podría hacer caer a la Argentina en "default técnico".

A estos U$S 1.330 millones, se suman vencimientos en diciembre de 2012 de intereses por U$S 3.140 millones, lo cual plantea un exigente escenario de cara a fin de año.