El presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, envió nuevamente un escrito al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, a fin de solicitarle nueva información referida al caso Ciccone Calcográfica.

En primer término, Gil Lavedra remarcó que Echegaray fue el único funcionario que respondió a los pedidos de acceso a la información formulados a mediados de febrero –incluía cuestionarios a otros organismos como el Banco Central, la Inspección General de Justicia, el Ministerio de Planificación Federal, la Sociedad del Estado Casa de la Moneda y la Secretaría de Comercio Interior.

El diputado radical insistió en que los primeros dos puntos de la solicitud original “pedían precisiones acerca de lo actuado por la AFIP en el marco del proceso concursal de Ciccone Calcográfica S.A”, y señaló que la AFIP no esgrimió un impedimento legal para responder, incluso destacando el carácter público de las presentaciones realizadas, pero omitió remitir copias y se nos invitó a concurrir al juzgado para obtenerlas.

"Tal actitud no condice con la finalidad de permitir y promover una efectiva participación ciudadana, a través de la provisión de información completa, adecuada, oportuna y veraz que tiene el decreto del Ejecutivo 1172/03, de reglamentación de la Ley de Acceso a la Información. Al contrario, obsta a una discusión más educada acerca de las políticas implementadas por la AFIP y su actuación en un caso concreto que se encuentra en el centro de la discusión pública. En función de ello, le solicito que haga públicas las presentaciones del organismo, en lugar de dilatar el acceso a ellas”, señaló.

“Las demás respuestas al resto de mis preguntas, por otro lado, contrastan con la decisión posterior de Echegaray de ofrecer una conferencia de prensa y exhibir documentos de la AFIP y de otras fuentes, incluyendo una nota del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En la conferencia, por ejemplo, el funcionario señaló que desde 2009 la AFIP solicitó la quiebra de 496 empresas -entre ellas, Ciccone- para verificar "su verdadera voluntad de pago" y que 351 de esa. Eso era precisamente parte de lo que había preguntado en mi solicitud que, sin embargo, fue rechazada argumentando que era información no exigible”, remarcó Gil Lavedra.

“Al mismo tiempo –continuó- y a pesar de la conferencia, Echegaray eludió informar sobre los criterios empleados por la AFIP para conceder este tipo de facilidades de pago, o si es habitual que el organismo brinde nuevas facilidades a empresas que han incumplido planes de pago, cuestiones que deberían ser de conocimiento público. En su respuesta, incluso ha mencionado que el artículo 101 de la ley 11.683 establece que la falta de pago de obligaciones exigibles no se encuentra alcanzada por el secreto fiscal, pero, de todas formas, se ha omitido informar sobre los incumplimientos de la empresa”.

“En definitiva, su propia exposición pública deja en claro que ninguna regla legal le impide contestar mis preguntas acerca de la política general o habitual de la AFIP, o exhibir información sobre planes de pago, o de explicar los criterios aplicados ante casos similares. Tampoco se lo impide la ley 25.326, dado que no le he pedido datos personales sino información estadística que la AFIP debería producir y ofrecer. Todo lo que he pedido es información acerca de las razones públicas que guían la conducta del organismo a su cargo. Y no puede haber secreto alguno al respecto”, señala Gil Lavedra en la nota enviada a Echegaray.