En el acto de conmemoración del atentado a la embajada de Israel, del cual se cumplirán este sábado 20 años, la mayoría de los oradores cargó con dureza contra Irán, recordó que desconoce el Holocausto y advirtió sobre el riesgo de que prospere su programa nuclear.

Con la presencia de numerosos funcionarios, encabezados por el vicepresidente Amado Boudou -ya que Cristina Fernández está de visita en Chila- el vicecanciller israelí, Daniel Carmon, acusó al régimen de Mahmoud Ahmadinejad de ser una "amenaza que necesita una respuesta inmediata".

La ceremonia se hizo en Suipacha y Arroyo, de la Ciudad de Buenos Aires, donde estaba erigida la sede diplomática hasta el atentado ocurrido el 17 de marzo de 1992.

Además de Boudou, también participaron el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Justicia y DDHH, Julio Alak, y la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal.

Carmon, quien se desempeñaba como cónsul al momento del ataque, advirtió: "Llegamos aquí sabiendo nuestros derechos y deberes. Tenemos derecho a la justicia y el deber de recordar".

Sostuvo que Irán "es responsable directo por lo que nos pasó aquí. Es un país donde la libertad no es un principio universal, sino que es vulnerado. Es un país gobernado por dirigentes que niegan el Holocausto y declaran la necesidad de acabar con el estado judío (…) Es sin duda una amenaza para el mundo global entero. Amenaza que necesita una respuesta inmediata".

En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, dijo que el atentado dejó en el pueblo argentino una "profunda herida que nunca cicatrizara y más aun si no somos capaces de lograr Memoria, Verdad y Justicia".

Alak reconoció que "hoy lamentablemente solo podemos hablar de Memoria. No de Verdad, porque no la hemos encontrado. Tampoco de Justicia, porque los responsables de aquella aberración aún no han sido hallados, juzgados ni encarcelados".

También participaron el ministro Yossi Peled y el embajador en la Argentina, Daniel Gazit.

El encuentro se hizo bajo el lema "No le demos lugar al terrorismo".

Cristina decretó la reglamentación de la ley 26.690 que establece un resarcimiento económico a damnificados por este atentado, tanto víctimas fatales como heridos.

El 17 de marzo de 1992, a las 14:45, un coche bomba estalló en las puertas del edificio diplomático ubicado en Arroyo 910, casi en la esquina de Suipacha, en el atentado terrorista más grave en la Argentina hasta que en 1994 fue destruida la sede de la AMIA.

Por el ataque no sólo colapsó el edificio de la embajada, sino también un geriátrico, un convento y una iglesia, que estaban a pocos metros, y si bien se creyó que los muertos habían sido 29 personas, sólo pudieron identificar 22 cadáveres.

La nómina se conformó con tres ancianas, tres albañiles bolivianos, un plomero paraguayo y uno italiano, el presbítero de la parroquia, tres peatones y un taxista que pasaban por el lugar, seis empleadas de la embajada, dos altos funcionarios y la esposa del cónsul.

La investigación para esclarecer la masacre estuvo a cargo desde el comienzo por la Corte Suprema de Justicia -por tratarse de una sede diplomática- y las diligencias incluyeron una cuestionada pericia en la que se hablaba de una "implosión".

En aquel momento la agrupación proiraní Hezbollah se adjudicó el ataque, la misma agrupación terrorista responsabilizada por el ataque a la sede de la AMIA, donde el 18 de julio de 1994 cayeron muertas 85 personas.

En mayo de 2006 la Corte Suprema adeclaró que el caso iba a continuar abierto, situación que alivió a los familiares de las víctimas, aunque no hubo avances concretos.

El único sospechoso que fue buscado por la Justicia fue Imad Mughniyeh, también con pedido de captura por la AMIA, pero murió en un atentado en el 2008 en Siria.