El gobierno de Estados Unidos conoció en su momento que la última dictadura argentina estaba perpetrando "un plan" de sustracción de hijos a detenidos desaparecidos y que había "muchos niños" apropiados ilegalmente por "familias leales" al régimen, y sugirió a los militares que "la Iglesia podía ayudar" a resolver ese "problema terrible".

Así lo reveló hoy Elliott Abrams, subsecretario de Derechos Humanos del Departamento de Estado de 1982 a 1985 (en la administración republicana de Ronald Reagan, 1980-1988), al declarar como testigo en el juicio que se realiza a militares por el plan sistemático de robo de bebés, a través de videoconferencia desde el consulado argentino en Washington. El ex diplomático señaló que "había muchas juntas militares en América Latina pero yo no recuerdo otro tema como este" de sustracciones de niños, y valoró que el de Argentina fue el "peor caso" de violaciones a los derechos humanos con criaturas, ocurridas en los países del sur del continente.

"Estábamos al tanto de que niños habían sido sustraídos a sus familias y se entregaban a otras familias cuando sus padres estaban prisioneros o muertos", aseveró el ex funcionario de Reagan.

Confió en que para el Departamento de Estado constituía "un problema muy serio de violación a los derechos humanos, el más importante, porque se trataba de niños vivos y eran muchos los que estaban en esa situación". Cuando le preguntaron si conocían una cifra concreta, Abrams respondió que "sabíamos que no eran sólo uno o dos niños, sino que existía un patrón, un plan, porque había mucha gente que estaba siendo asesinada o encarcelada", añadió.

Recordó haber abordado el asunto con el embajador de la dictadura en Washington, Lucio García del Solar, durante una reunión celebrada el 3 de diciembre de 1982 en el Departamento de Estado, en horas del almuerzo, y que allí "le indicamos al Gobierno argentino que este era un problema terrible y muy complicado de resolver". Al equiparar la apropiación ilegal con un secuestro, Abrams comentó que para los estadounidenses "era una violación a los derechos humanos que seguía y no había acabado" y confió que él sugirió "que a lo mejor la Iglesia podía ayudar" a resolver la situación, pero no obtuvo respuesta de Argentina.

"El embajador García del Solar pensaba lo mismo: que era un problema significativo que seguía", reveló, y definió al diplomático como "un demócrata, al que tomábamos más como el embajador del Gobierno democrático por venir en Argentina, aunque el problema es que él representaba al Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura". Abrams afirmó que en la reunión con García del Solar del 3 de diciembre de 1983 mantuvieron "una conversación importante y significativa porque estábamos los dos solos y pudimos hablar de manera más cálida" y confirmó que luego "elevé un memorando a mi superior", el Secretario de Estado George Schultz.

El ex funcionario, que llegó a ser subsecretario de Estado para América Latina de 1985 a 1989, estuvo puntual al mediodía en el consulado en Washington y sin embargo debió aguardar 40 minutos a que los jueces del Tribunal Oral Federal 6 arribaran al estrado y se iniciara la audiencia.

El memorando escrito por Abrams fue desclasificado en 2002 y allí puede leerse que escribió: "Toqué con el embajador el tema de los chicos nacidos en prisión o sacados a sus familias durante la guerra sucia. Mientras los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban vivos y esto era, en un sentido, el más grave problema humanitario". Y agregó que "el embajador coincidió completamente y ya había hablado esto con su ministro de Relaciones Exteriores y su Presidente. Ellos no rechazaron su visión, pero señalaron el problema de, por ejemplo, quitar los chicos a sus padres adoptivos".

Este testimonio ha sido uno de los últimos que se escuchen hasta el 6 de febrero en el debate oral que comenzó en el 28 de febrero de 2011 para esclarecer 34 casos de robos de niños. Allí están siendo juzgados los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, acusados de sustracción, retención y ocultamiento de menores y sustitución de sus identidades.

Bajo los mismos cargos también se está juzgando a Antonio Vañek, ex jefe del Comando de Operaciones Navales; Jorge Eduardo Acosta, que estuvo a cargo de la Unidad de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA; Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, y Rubén Oscar Franco, ex jefe de la Armada. Como autores materiales directos de esos delitos se juzga al ex prefecto Juan Antonio Azic -quien anotó como hija suya a una menor que resultó ser la ahora diputada Victoria Donda- y al médico militar Jorge Luis Magnacco.